Ángeles González Ceballos
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, definió que emprendieron una revisión exhaustiva a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de las 32 entidades federativas del País.
Fue así que la Auditoría emitió 32 oficios dirigidos a los gobernadores y gobernadoras para conocer la ministración de las participaciones federales que llegan a los organos electorales y verificar la correcta aplicación de los recursos correspondientes al Ramo 28.
”Con lo cual, vamos a estar analizando desde el flujo de recurso que llega a los estados, para ver cómo se canaliza a los OPLEs, y una vez que se canaliza a los OPLEs, empezamos a hacer la revisión de los gastos que se hayan ejercido con el ramo 28”, detalló el auditor superior.
Durante la segunda entrega de los informes individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 , en la Cámara de Diputados, puntualizó que establecieron comunicación directa con los 32 OPLEs para fiscalizar tanto las contrataciones del ejercicio 2025 como los periodos anteriores.
Mediante el ejercicio de nuevas atribuciones legales, la ASF implementará una revisión histórica profunda, advirtió Hernández Palacios Cardel.
“Vamos a hacer un estudio pormenorizado desde el comportamiento del año 2000 a la fecha, para ver qué cuentan los OPLEs con información y exigirles que nos rindan cuentas también en función de posibles sobreprecios”, resaltó.
Reveló que las líneas de investigación también examinan las prácticas comerciales empleadas por corporativos en las licitaciones públicas.
“Estamos haciendo un análisis que tiene que ver exactamente con estas posiciones de mercado que utilizan estos grupos empresariales para no nada más poner los candados para participar en concursos públicos, sino que eso permite que tengan ganancias extraordinarias”, enfatizó.
Finalmente, el titular de la ASF dijo que están investigando posibles vínculos ilícitos y colusiones entre el sector privado y el servicio público.
“En la relación de los privados, si hay conflicto de interés con servidores públicos que hayan intervenido en los nombramientos y demás, son materia de la investigación que estamos llevando a cabo”, puntualizó.
Recalcó que están siendo muy exhaustivos, están utilizando incluso toda la información que los medios de comunicación han estado otorgando y, están trabajando en un esquema de inteligencia bastante profundo para ver todos los nexos que pueden tener cada uno de los servidores públicos que intervienen en el uso y designación de los recursos públicos, para ver que no tengan conflicto de interés o que haya un tráfico de influencias.
