Ángeles González Ceballos
La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales, confirmó que efectivamente ya recibieron un requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para proporcionar expedientes históricos de contrataciones.
Puntualizó que los contratos solicitados por la Auditoría corresponden a ejercicios anteriores al año 2022.
Manifestó que el órgano electoral entregará a la Auditoría información relacionada con contratos y procedimientos de adquisición en los que aparecen diversas empresas señaladas en investigaciones y publicaciones recientes.
Se trata de información sobre posibles contratos celebrados con empresas específicas como: Corporativo ZEG, S.A. de C.V. (materiales / SEC), Cajas Graf, S.A. de C.V. (Cajas Grab), SERIPLAST de México, S.A. de C.V. (Seri Plus), Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V. (Diseño y Construcción y Comunicación TOL), TOL Producciones, S.A. de C.V. (Producciones).
Asimismo, comercializadora JVLY / JVIL, S.A. de C.V. (Comercializadora), Formas Finas y Materiales, Formas Finas de México, S.A. de C.V., Gráficas Corona J.E., S.A. de C.V.
Delgadillo Morales manifestó que la solicitud contempla información histórica y aunque la Auditoría no estableció años específicos, el requerimiento estaría relacionado con señalamientos que recientemente han circulado en redes sociales y medios de comunicación, tras el escándalo por la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE.
Subrayó que los contratos mencionados ante la Cámara de Diputados corresponden a ejercicios anteriores a 2022, por lo que no están vinculados con la actual administración del OPLE.
En ese sentido, aseguró que ninguna de las empresas incluidas en el requerimiento de la ASF ha recibido contratos durante su gestión al frente del organismo electoral.
La consejera presidenta explicó que el OPLE deberá integrar y entregar los expedientes correspondientes a cada procedimiento de adquisición, ya sea mediante licitación, invitación o adjudicación, conforme a la normatividad que regula el ejercicio del gasto público.
Detalló que estos expedientes no contienen únicamente información de las empresas que obtuvieron los contratos, sino también documentación de todos los participantes, como convocatorias, invitaciones, publicaciones, adquisición de bases, comparecencias, actas constitutivas y documentos de los proveedores, así como las actas de los comités encargados de los procedimientos.
Indicó que cada administración tiene la responsabilidad de resguardar la documentación relacionada con las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, por lo que el organismo realizará la búsqueda de los antecedentes que le fueron solicitados, particularmente de los ejercicios que han sido mencionados públicamente, entre ellos 2018.
Respecto a la fiscalización de la actual administración, Delgadillo Morales informó que la ASF ya notificó al OPLE que los ejercicios fiscales 2023 y 2024 no tienen observaciones pendientes.
En tanto, el ejercicio 2025 continúa en proceso de revisión y es precisamente en este contexto donde se encuentra el último requerimiento de información, al que deberán responder dentro del plazo establecido por la autoridad, que es de 10 días naturales.
La presidenta del OPLE señaló que los procedimientos de fiscalización también cuentan con la participación de otras instancias, como el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), además del acompañamiento del Órgano Interno de Control.
Asimismo, aseguró que las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General reciben información periódica sobre el ejercicio del presupuesto, ya que cada trimestre se presentan reportes relacionados con el gasto del organismo.
Ante los señalamientos difundidos recientemente, hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para revisar la información disponible en el portal de transparencia del OPLE y tomar en cuenta los periodos administrativos a los que corresponden los contratos.
Consideró importante que, al analizar posibles irregularidades, no solamente se revise el contrato de adjudicación, sino también quiénes participaron en cada procedimiento, cuáles fueron las condiciones de las convocatorias y qué criterios se utilizaron para seleccionar a los proveedores, particularmente en cuanto a la calidad del servicio y los precios ofrecidos.
Ahí, refirió que circularon versiones sobre una supuesta caída del portal de transparencia del organismo, lo cual fue aclarado mediante ejercicios de verificación con representantes de los medios de comunicación, a quienes se les proporcionaron los enlaces para consultar la información.
Finalmente, Delgadillo Morales reiteró que el OPLE atenderá el requerimiento de la ASF y proporcionará la documentación necesaria para que las autoridades realicen las investigaciones y determinen, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
