Jorge Viveros Pasquel
Se ha planteado que el capitalismo y la justicia social son conceptos enfrentados, como si la generación de riqueza y su distribución equitativa fueran incompatibles y el problema no está en la propiedad privada, las empresas o la inversión, sino en un modelo económico que permite la concentración excesiva de la riqueza mientras millones de personas permanecen excluidas de sus beneficios.
La propiedad privada brinda seguridad y permite construir un patrimonio, la inversión impulsa el crecimiento económico y las empresas generan empleos, innovación y desarrollo. Todos estos elementos son indispensables para una economía próspera. Sin embargo, deben desenvolverse dentro de un marco de reglas claras que garantice la competencia, salarios dignos, justicia social y fiscal, además de oportunidades reales de progreso para la mayoría de la población.
En este modelo, el Estado no debe ser enemigo de los empresarios, sino garante de un equilibrio entre la libertad económica y el bienestar colectivo, pues no se trata de castigar el éxito individual ni de impedir la acumulación legítima de riqueza, sino de evitar que esta se construya mediante privilegios, explotación laboral o a costa del empobrecimiento de otros.
Esta visión tiene también una relación directa con la seguridad; la pobreza no es sinónimo de delincuencia, pero la desigualdad extrema, la exclusión y la falta de oportunidades pueden generar condiciones favorables para la violencia y el reclutamiento criminal, es por ello que combatir la inseguridad exige no solamente policías y leyes, sino también una economía que ofrezca alternativas dignas de vida y ahí radica, a mi entender, la importancia del programa “jóvenes construyendo futuro”.
Creo en un capitalismo social donde las empresas puedan prosperar, los inversionistas obtengan muy buenas y legítimas ganancias y los trabajadores participen indirectamente de los beneficios del crecimiento. Una economía fuerte necesita tanto empresarios exitosos como una población con ingresos suficientes, capacidad de consumo y posibilidades de movilidad social.
La verdadera prosperidad de una nación no debería medirse por la riqueza que acumulan unos cuantos (que en su gran mayoría nacieron en ese mismo grupo), sino por el bienestar que es capaz de generar para la mayoría. Una sociedad más equitativa no solamente es más justa, también tiene mejores condiciones para ser más estable, segura y pacífica.
Debe ser el mercado al servicio de la ciudadanía, no la ciudadanía al servicio del mercado.
