Oved Contreras
Secas Mecas
Veracruz entra este viernes a su proceso electoral más vigilado y, paradójicamente, con el árbitro más cuestionado de su historia reciente. Hoy a las 11 de la mañana, el Organismo Público Local Electoral, el OPLE, declarará formalmente iniciado el proceso 2027. En juego estarán las 50 diputaciones del Congreso local. Nada menor. Ahí se va a decidir quién le pone freno o quién le pone alfombra roja al gobierno estatal en la segunda mitad de su sexenio.
El problema es que llegamos a esa cita con un árbitro bajo sospecha. El miércoles pasado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, soltó lo que muchos ya murmuraban en pasillos: exigió una investigación a fondo de cinco contratos del OPLE Veracruz por más de 454 millones de pesos.
No es una cifra menor. Es casi medio millar de millones en contratos con proveedores señalados por presuntas irregularidades, por posibles conflictos de interés y por una cercanía incómoda con quienes toman las decisiones dentro del propio organismo. Y no es un señalamiento aislado. Una investigación del periodista Marco Antonio Rodríguez, con base en los registros de contratación del OPLE entre 2020 y junio de 2026, encontró que más del 40 por ciento de las compras del organismo en el primer semestre de este año se hicieron por adjudicación directa. Es decir, sin competencia, sin licitación, a dedo.
A eso hay que sumarle otro dato que no se puede ignorar: varios de esos proveedores aparecen también en contrataciones del Gobierno del Estado y del Instituto Nacional Electoral. Es el mismo patrón que hoy tiene en crisis al INE nacional: concentración de contratos, recurrencia de proveedores, adjudicaciones directas y una red que se repite en lo federal y en lo local.
Y aquí viene lo grave: Veracruz no llega a 2027 con un expediente limpio. Todavía tenemos frescas las heridas de Poza Rica y Papantla, donde la elección se judicializó, se impugnó y terminó dejando la sensación de que el que cuenta los votos pesa más que el que los emite. Fue un robo en despoblado por parte de Morena.
Ahora, a eso, súmenle el contexto nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar a los órganos electorales desde 1999. La Auditoría Superior de la Federación anunció una investigación histórica de las contrataciones del INE y de los OPLE. La UIF congeló cuentas ligadas a la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y a empresas proveedoras.
La gobernadora Rocío Nahle salió también a respaldar a la presidenta con una carta pública donde dice que “autonomía no significa ausencia de vigilancia”. Tiene razón en la frase. El problema es que en Veracruz esa vigilancia, hasta ahora, no se ha aplicado en casa.
Porque si de verdad se cree que autonomía no es impunidad, entonces el OPLE Veracruz debería ser el primero en abrir sus contratos, en explicar por qué adjudica directo el 40 por ciento, y en decir quiénes son esos proveedores que aparecen en todos lados. No se trata de prejuzgar. Se trata de dar certeza. Y la certeza no se decreta, se demuestra con papeles abiertos.
Mientras tanto, el INE Veracruz sí está haciendo su tarea. Ya recibió 901 solicitudes de ciudadanos que quieren integrar los 19 consejos distritales. Esos consejos se instalarán el 30 de noviembre. El padrón en Veracruz es de 6 millones 137 mil personas. Hay ciudadanía dispuesta a arbitrar. Lo que falta es que el árbitro profesional esté a la altura de esa ciudadanía.
Veracruz no puede llegar a 2027 con un árbitro bajo sospecha. Porque al final, la democracia no se rompe el día de la elección. Se rompe meses antes, en silencio, cuando nadie revisa un contrato, cuando nadie pregunta por qué se adjudicó directo. Este viernes arranca el proceso electoral. La pregunta que queda en el aire es simple: ¿Vamos a tener un árbitro que cuide el juego, o un árbitro que ya viene con la camiseta puesta?
EVALUACIÓN O EMBOSCADA…La magistrada Rosalba Hernández Hernández, la que ganó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia con más votos que nadie en la elección judicial, no quería que la evaluaran y metió un recurso, el TDJ/118/2026, para que anularan su evaluación porque ella no dicta sentencias, que ella dirige, coordina, representa. Que no la pueden medir con la misma vara que a un magistrado de sala.
Pero el Tribunal de Disciplina Judicial desechó el reclamo y resolvió que evaluarán a 12 magistrados, y entre ellos, a la magistrada presidenta. ¿Pueden evaluarla? Sí pueden. El artículo 62 Constitucional, validado por la Corte, la Ley 231 Orgánica, arts. 39 y 45, y el Decreto 535 del 28 de agosto, le dan esa facultad al Tribunal de Disciplina.
Sin embargo, si el resultado de la evaluación es reprobatorio tampoco pueden quitarla. El mismo Decreto 535 dice: esta evaluación es diagnóstico. No modifica la elección, no es causa de remoción. La magistrada Rosalba Hernández fue electa por voto popular para 12 años. No la puede quitar un Tribunal de Disciplina porque reprobó un examen de productividad. Para quitarla se necesita juicio político en el Congreso. Punto.
Lo que sí puede pasar si reprueba es que le abran un expediente de responsabilidad administrativa, la manden a capacitarse y la vuelvan a evaluar. Pero no la pueden cesar con esta evaluación ordinaria. Por eso el pleito no es si la evalúan o no. El pleito es si la evalúan bien o la evalúan para reprobarla.
Que la evalúen, sí. Que la evalúen como presidenta, no como magistrada de sala. Porque si no, no es evaluación, es emboscada…Que le pregunten a la gente cómo la ven dirigiendo. Que le midan gestión, trato, eficiencia institucional. No productividad que no tiene. Y eso ya no es justicia. Eso es venganza con toga.
