Con miles de acciones de capacitación para el emprendimiento, vinculación laboral, protección y defensa de los derechos de las personas trabajadoras, el Gobierno de Veracruz presentó un balance favorable en materia de empleo y justicia laboral, destacando la ausencia de huelgas durante la actual administración y una de las tasas de desocupación más bajas del país.

En la segunda jornada de rendición de cuentas del gabinete estatal ante el Congreso del Estado, a las 17:10 horas, la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social, acompañada por los diputados Juan Tress Zilli y Felipe Pineda Barradas, secretario y vocal, respectivamente, dio inicio a la comparecencia del titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Luis Arturo Santiago Martínez.

Al hacer uso de la palabra, el funcionario informó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver) impartió más de dos mil cursos en 122 municipios y más de mil cursos adicionales mediante convenios de colaboración con los sectores educativo, productivo y social, con la participación de más de 24 mil personas.

Además, la Dirección de Planeación, Previsión Social y Productividad ofreció 172 cursos presenciales y virtuales a más de 12 mil personas de los ámbitos empresarial, educativo y gubernamental, sobre liderazgo personal y emocional, clima laboral y prevención de riesgos psicosociales, entre otros temas.

De acuerdo con su titular, en materia de emprendimiento, la STPSP realizó siete ediciones de los Encuentros Regionales de Impulso a la Creatividad y Productividad, con la participación de más de 700 personas emprendedoras, casi 17 mil asistentes y una derrama económica superior al millón de pesos.

Este año, prosiguió el funcionario, la colocación de personas en empleos formales incrementó 20 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, se logró la vinculación laboral de más de cuatro mil 800 personas y, mediante más de 50 ferias de empleo, de otras cinco mil 700.

En el mismo periodo, se realizaron más de cuatro mil 600 inspecciones de vigilancia en centros de trabajo para proteger los derechos de casi 30 mil trabajadoras y trabajadores.

La dependencia estatal promovió además la campaña Tarjeta Roja al Trabajo Infantil en diez municipios, alcanzando a 900 personas, y entregó 52 distintivos Veracruz Libre de Trabajo Infantil a empresas comprometidas con esta causa. También impartió casi 40 pláticas sobre la materia en el sector educativo.

El secretario reportó que, durante el último año, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo logró recuperar 150 millones 300 mil pesos en beneficio de más de tres mil 700 personas trabajadoras y proporcionó más de 13 mil 600 asesorías jurídicas gratuitas.

La misma Procuraduría representó a personas en casi mil 400 expedientes del modelo anterior, con el desahogo de 219 audiencias, y promovió 717 demandas ante los juzgados del nuevo modelo laboral, con asistencia a más de 500 audiencias.

En la vía judicial, se reportó la recuperación de 22 millones de pesos.

En sus once delegaciones regionales, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz atendió más de 23 mil 200 solicitudes individuales, celebró casi 30 mil audiencias y concretó más de 14 mil 800 convenios.

En materia colectiva, fueron atendidas 28 solicitudes de emplazamiento a huelga y se impartieron casi 80 pláticas conciliatorias.

Durante esta administración, destacó el titular de la STPSP, no se ha registrado una sola huelga en la entidad.

A su vez, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje concluyó más de mil 600 juicios laborales, en beneficio de casi mil personas trabajadoras y sus familias, con la recuperación de casi 90 millones de pesos derivados de laudos favorables.

Luis Arturo Santiago Martínez mencionó también la emisión de más de 850 laudos y la realización de más de dos mil 300 audiencias.

El número de expedientes activos pasó de 20 mil 607 a 7 mil 901 asuntos en trámite desde la aplicación de la reforma laboral.

Habló de la diversificación de las Ferias Estatales de Empleo dirigidas a distintos grupos prioritarios y sectores productivos: estudiantes y recién egresados, pueblos originarios, oficios técnicos y especializados, industrias sostenibles e innovación, sectores industrial, logístico y portuario, turismo y servicios.

Durante la Semana Estatal de Activismo Laboral, que reunió a instituciones, empresas, personas trabajadoras y buscadoras de empleo en distintos puntos del estado, se logró atender a más de tres mil 500 personas, brindar casi mil asesorías laborales, poner a disposición más de dos mil vacantes y concretar más de 100 convenios conciliatorios.

Respecto al ingenio San Pedro, en el municipio de Lerdo de Tejada, el funcionario afirmó que, con la puesta en marcha y la firma del fideicomiso, los trabajadores y sus familias tienen la seguridad de que este centro laboral no cerrará, su operación tendrá continuidad y seguirá siendo motor de la economía en toda la zona.

Refirió los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según la cual, durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación de Veracruz fue de 1.9 por ciento, por debajo del promedio nacional de 2.7 por ciento y menor al 2.3 por ciento registrado en el mismo trimestre de 2025.

Este resultado, señaló el secretario, coloca a Veracruz entre las diez entidades con menor desocupación del país.

Precisó que el 98 por ciento de su población económicamente activa se encuentra ocupada, en un mercado laboral de aproximadamente 3.4 millones de personas.

Luis Arturo Santiago finalizó su exposición puntualizando que, en materia de justicia laboral, Veracruz se ubica entre los diez primeros lugares del país en eficiencia conciliatoria.

“El porcentaje reportado de 85.6 por ciento expresa la importancia del diálogo para alcanzar acuerdos y ofrecer respuestas oportunas a las controversias laborales”, afirmó.

PARTICIPACIÓN DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Participaron en la primera ronda las diputadas y los diputados Erika del Carmen Rosario Morales (Morena), Tania María Cruz Mejía (PVEM), Luz Alicia Delfín Rodríguez (PAN), Elizabeth Morales García (PT), Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y Héctor Yunes Landa.

Los cuestionamientos abordaron el fideicomiso del ingenio San Pedro, en el municipio de Lerdo de Tejada, y los avances que permitan iniciar la zafra; el primer empleo para jóvenes; los mecanismos para garantizar que las personas que laboran en el extranjero cuenten con seguridad jurídica; los programas para evitar fraudes de empleo y los mecanismos para abatir el rezago de expedientes laborales.

También se preguntó sobre los resultados de inspecciones de verificación salarial entre mujeres y hombres; las personas contratadas con prestaciones de ley y seguridad social; el seguimiento a casos de colocación laboral; los recursos destinados a la organización de las 29 ferias de empleo de este año y los indicadores para evaluar su desempeño.

Asimismo, se abordaron la efectividad de los cursos del Icatver y de las unidades de capacitación; el número de accidentes laborales registrados en el presente año; los casos de trabajo infantil y las estrategias para combatirlo; los índices de empleo informal; las demandas por despidos injustificados y los sectores económicos que registran más violaciones a los derechos de los trabajadores.

Además, se plantearon preguntas sobre las acciones para promover la contratación de personas con discapacidad; los indicadores para medir la inclusión laboral; las irregularidades administrativas en la Secretaría; la asistencia a mítines políticos como presunto condicionamiento laboral y las acciones para que Invivienda cumpla con laudos.

También se cuestionó la intervención de la dependencia ante las manifestaciones del personal del sector salud y el motivo para verificar la asistencia de personas al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dado que es de carácter federal.

En la segunda ronda de preguntas, las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y María Elena Córdova Molina (MC), así como el legislador Héctor Yunes Landa, formularon cuestionamientos relacionados con el seguimiento de la Secretaría a las denuncias por presuntos descuentos ilegales a trabajadores, el acompañamiento a quienes están por jubilarse ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), la atención a las inconformidades del gremio magisterial, las acciones para combatir la pobreza laboral, el impulso al empleo formal y la prevención del trabajo infantil.

También preguntaron sobre la investigación de posibles prácticas de subcontratación por parte de empresas privadas para evadir responsabilidades; las estrategias de inspección para verificar el cumplimiento de la denominada “Ley Silla”; la solventación de observaciones de un pago pendiente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las presuntas irregularidades denunciadas en el Centro de Conciliación Laboral de Poza Rica por la canalización de asuntos a despachos privados.

Asimismo, se abordó la coordinación con otras autoridades para dar seguimiento al cumplimiento de resoluciones laborales y los posibles incumplimientos de convenios suscritos.

Por otra parte, las legisladoras Elizabeth Morales García (PT) y Laura Nayeli Mejía Larios (Morena), así como el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM), solicitaron información sobre los resultados de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y las estrategias para fortalecer su desempeño, el número de conflictos laborales resueltos mediante convenios, por caducidad y en los que se ha concretado el cobro correspondiente.

También cuestionaron los mecanismos de apoyo y acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas ante la transición hacia la reducción de la jornada laboral; el seguimiento y verificación de las condiciones de movilidad laboral interna; la implementación de protocolos preventivos para jornaleros agrícolas ante los efectos del cambio climático; la operatividad y vinculación de las ferias y caravanas de empleo; los resultados del Nuevo Modelo de Justicia Laboral; los criterios aplicados en las inspecciones a empresas y el número de nuevos empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tras la conclusión de las dos rondas de preguntas, la Comisión cedió el uso de la voz a las diputadas Ana Rosa Valdés Salazar, Elizabeth Morales García y Tania María Cruz Mejía, así como a los diputados Héctor Yunes Landa, Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Miguel Guillermo Pintos Guillén, para los mensajes de cierre.

La comparecencia concluyó a las 19:18 horas.