José Luis Ortega Vidal

Claroscuros

La aplicación digital Google Maps muestra una cartografía empleada por la Secretaría de Bienestar para la aplicación de recursos federales destinados a obras públicas en municipios del país, incluidos los de Veracruz.

En la entidad veracruzana se ubica el caso específico de Acayucan, cuyos linderos históricos con los municipios de Oluta y Soconusco se aplican con base en la cartografía oficial determinada por la Legislatura local, vigente desde hace varias décadas.

Ha ocurrido, sin embargo, que desde el cuatrienio pasado —cuando en Acayucan gobernó Rosalba Rodríguez Rodríguez, en Soconusco, Cuauhtémoc Baruch Custodio, y en Oluta, Mauricio Alarcón Castillo— se presentó una novedad. En la cartografía visible en Google Maps aparecen modificados los límites entre las tres demarcaciones.

Dicha modificación generó una observación administrativa por parte del ORFIS al Ayuntamiento de Acayucan por haber realizado una obra pública en el fraccionamiento Rincón del Bosque, que en la cartografía de la Legislatura de Veracruz pertenece al municipio acayuqueño, pero para la Secretaría de Bienestar se ubica en Soconusco.

La administración de Rosalba Rodríguez Rodríguez atendió la observación del ORFIS.

Afectación a ciudadanos

A pesar de haberse salvado la observación del ORFIS porque el fraccionamiento Rincón del Bosque pertenece a Acayucan, de acuerdo con la cartografía de la Legislatura de Veracruz, el problema continúa con las nuevas autoridades municipales del periodo 2026-2029.

Un vecino del fraccionamiento Los Mangos, ubicado frente a Rincón del Bosque, lo plantea en los siguientes términos:

“Pertenecemos a Acayucan, pagamos impuesto predial en Acayucan, pero según Google Maps somos del municipio de Soconusco y nuestras autoridades no nos defienden…”.

Ocurre que constructores y ciudadanos han solicitado documentos —como cédulas catastrales— del área que pertenece a Acayucan, pero en la Dirección de Catastro se las niegan bajo el argumento de que existe un nuevo mapa en Google Maps y que este cuenta con la validación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Personas que han acudido al Departamento de Obras Públicas y Desarrollo Urbano topan también con una respuesta negativa al solicitar permisos de construcción.

La existencia de dos cartografías contradictorias —situación que incluye también una parte del fraccionamiento Arboledas, en Acayucan— afecta la inversión actual y futura en esta ciudad.

Un abogado especialista con despacho en Xalapa, capital de Veracruz, fue consultado por el reportero y compartió, a modo de respuesta, el siguiente cuestionario de su autoría.

Preguntas y respuestas, fundamentos jurídicos y criterios para documentar las discrepancias de jurisdicción municipal

¿Puede el INEGI determinar los límites entre municipios?

No. Su competencia consiste en producir y coordinar información estadística y geográfica (artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal). El artículo 65, fracción I, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica contempla su apoyo técnico a los poderes competentes, no la atribución de fijar por sí mismo límites político-administrativos.

¿Los mapas y datos del INEGI son oficiales?

Sí, dentro del ámbito y los efectos previstos por la legislación estadística y geográfica. Pero la oficialidad de esa información no convierte al Marco Geoestadístico en un decreto de delimitación municipal. El propio INEGI aclara que sus áreas geoestadísticas no crean ni modifican límites político-administrativos.

¿Qué autoridad fija o modifica los límites municipales en Veracruz?

El Congreso del Estado, conforme al artículo 33, fracción XI, incisos a) y d), de la Constitución de Veracruz. También conoce de las cuestiones entre municipios relativas a límites que no tengan carácter contencioso, según el inciso f) de esa fracción.

¿Quién conoce de una controversia constitucional entre municipios?

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de acuerdo con el artículo 65, fracción I, inciso a), de la Constitución local. La Sala Constitucional sustancia el procedimiento y formula el proyecto de resolución, conforme al artículo 64, fracción III.

¿Qué autoridad municipal puede promoverla?

Un municipio afectado puede promover la controversia por conducto del servidor público legalmente facultado para representarlo. Ordinariamente corresponde al síndico, conforme al artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre; deben verificarse también los artículos 14 y 15 de la Ley de Control Constitucional y la procedencia del caso.

¿Pueden intervenir propietarios, comerciantes o vecinos?

Pueden presentar peticiones fundadas en el artículo 8 de la Constitución Federal, aportar antecedentes y solicitar que se esclarezca la situación por las vías legales. Ello no los convierte en actores legitimados para una controversia constitucional entre municipios; sí pueden ejercer las defensas que procedan frente a actos fiscales o administrativos concretos.

¿Basta el mapa del INEGI para exigir predial o expedir una cédula catastral?

No basta por sí solo para resolver una disputa sobre jurisdicción territorial. La autoridad debe fundar y motivar su competencia, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, y relacionar la ubicación del inmueble con los instrumentos jurídicos que establezcan el límite aplicable.

¿Qué problemas produce la incertidumbre territorial?

Puede ocasionar cobros o reclamaciones de predial por distintas autoridades, inconsistencias de cédulas catastrales y obstáculos para obtener constancias, licencias, subdivisiones o documentación de operaciones inmobiliarias. Cada problema requiere identificar el acto y la autoridad concreta.

¿Cómo se debe abordar la situación entre Acayucan, Soconusco y Oluta?

Primero deben localizarse los decretos, resoluciones, descripciones técnicas y planos oficialmente vinculados a la delimitación vigente. Después, cotejarlos con la ubicación del inmueble. Si no existe controversia, procede examinar la intervención legislativa; si hay litigio constitucional entre municipios, debe estudiarse la vía ante el Tribunal Superior de Justicia.

¿Cuál es la conclusión jurídica?

La cartografía del INEGI es referencia técnica oficial, pero no constituye ni modifica límites municipales. La delimitación jurídica compete a las autoridades constitucionalmente habilitadas, y el cobro de predial o la expedición de documentos debe apoyarse en competencia territorial acreditable, no exclusivamente en áreas geoestadísticas.