Alan Sayago Ramírez
Una Visión Ciudadana
¿Qué sentido tiene contar con avances científicos, vacunas y conocimiento para prevenir enfermedades, si las instituciones no logran evitar que padecimientos que parecían superados vuelvan a poner en riesgo a la población? México enfrenta una contradicción que merece nuestra atención: mientras su sociedad experimenta profundas transformaciones demográficas y epidemiológicas, la capacidad de respuesta de sus instituciones sigue siendo uno de los grandes desafíos nacionales. El reciente resurgimiento del sarampión no es solamente un problema sanitario; también es una llamada de atención sobre las prioridades del país y el verdadero oficio de quienes lo gobiernan.
Para comprender esta realidad es necesario remontarnos a 1971, cuando el epidemiólogo Abdel R. Omran publicó The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change, una investigación que transformó la manera de entender la relación entre población y salud. Su teoría de la transición epidemiológica explica cómo, conforme las sociedades modifican sus condiciones económicas, sociales y demográficas, también cambian sus principales causas de enfermedad y mortalidad.
Omran identificó tres grandes etapas: la era de las pestilencias y las hambrunas, caracterizada por una elevada mortalidad y enfermedades infecciosas; la era del retroceso de las pandemias, en la que disminuyen progresivamente estos padecimientos y aumenta la esperanza de vida; y la era de las enfermedades degenerativas y producidas por el ser humano, donde adquieren mayor importancia los padecimientos crónicos, cardiovasculares y metabólicos.
Su planteamiento permite entender que las necesidades sanitarias de una sociedad no son permanentes. Sin embargo, tampoco significa que las enfermedades infecciosas desaparezcan definitivamente. Las transiciones pueden ser desiguales, coexistir e incluso experimentar retrocesos cuando las condiciones institucionales y sociales dejan de garantizar la prevención.
México es un ejemplo de esta transformación. Para dimensionarla, basta observar los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicados el 25 de septiembre de 2026 en la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) 2025. Durante ese año se contabilizaron 1 millón 678 mil 532 nacimientos registrados, con una tasa de 47.7 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años. Aunque representa un ligero incremento respecto de 2024, cuando se registraron 1 millón 672 mil 227, la comparación con 2015, año en que se contabilizaron 2 millones 353 mil 596 nacimientos, muestra una transformación demográfica considerable.
Además, el 14.4 por ciento de los nacimientos registrados correspondió a madres menores de 20 años, mientras que el 78.5 por ciento de las personas registradas obtuvo su acta de nacimiento antes de cumplir un año. Estos indicadores no demuestran por sí mismos una transición epidemiológica, pero sí permiten identificar cambios poblacionales que tienen consecuencias directas en la planeación de los servicios de salud, la educación, la protección social y las políticas dirigidas a las nuevas generaciones.
Una población que modifica sus patrones de natalidad, envejecimiento y composición familiar requiere instituciones capaces de anticipar nuevas necesidades. No basta con construir hospitales: se necesita fortalecer la atención primaria, garantizar la vacunación, ampliar la prevención y distribuir los recursos de acuerdo con las condiciones reales de cada territorio.
Esta reflexión encuentra una conexión fundamental en el médico e investigador mexicano Julio Frenk, quien en 1997 publicó en Salud Pública de México el artículo Transiciones: vidas, instituciones, ideas. Frenk retoma la aportación de Omran y amplía su perspectiva al señalar que las transformaciones no ocurren únicamente en las enfermedades y en la vida de las personas, sino también en las instituciones y en las ideas que orientan a las sociedades.
Su planteamiento permite comprender que las transiciones no son procesos automáticos ni necesariamente uniformes. Mientras algunos sectores enfrentan enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros padecimientos crónicos, existen comunidades que todavía padecen problemas relacionados con enfermedades infecciosas, falta de servicios básicos y dificultades para acceder a la atención médica. En un mismo país pueden convivir distintas realidades sanitarias.
Por ello, la transformación de las instituciones resulta indispensable. El sistema de salud debe evolucionar al ritmo de las necesidades sociales, con conocimiento científico, continuidad administrativa, capacidad de prevención y políticas públicas de largo plazo. El problema aparece cuando las enfermedades cambian, la población se transforma y las instituciones no consiguen responder con la misma velocidad.
Un ejemplo contundente lo encontramos en el comunicado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicado el 17 de noviembre de 2026, titulado La OPS insta a los países a intensificar los esfuerzos para detener los brotes de sarampión y avanzar hacia su eliminación en las Américas. La advertencia es particularmente preocupante: México, Bolivia y Estados Unidos perdieron su estatus de eliminación del sarampión tras restablecerse la transmisión endémica de la enfermedad.
Al 13 de noviembre de 2026, las Américas habían notificado 58 mil 213 casos confirmados y 82 defunciones, frente a los 12 mil 806 casos registrados durante el mismo periodo del año anterior. La OPS advierte que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y que una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas susceptibles. Sus complicaciones incluyen neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte.
Lo más preocupante es que estamos hablando de una enfermedad prevenible mediante la vacunación. La OPS recomienda alcanzar y mantener una cobertura de al menos 95 por ciento con las dos dosis de la vacuna en todas las comunidades. Entre los factores que favorecen su resurgimiento identifica las brechas de inmunidad, las deficiencias en las coberturas de vacunación, las dificultades operativas, la desinformación y las barreras de acceso a los servicios sanitarios.
Aquí la teoría de Omran adquiere una dimensión concreta: la transición epidemiológica no representa una evolución irreversible hacia mejores condiciones de salud. Una sociedad puede avanzar en determinados indicadores y retroceder cuando sus instituciones pierden capacidad preventiva. El sarampión demuestra que el desarrollo sanitario no puede medirse únicamente por hospitales, tecnología o infraestructura, sino también por la capacidad de evitar enfermedades que la ciencia ya sabe prevenir.
Y es precisamente aquí donde el análisis deja de ser exclusivamente médico para convertirse en una reflexión sobre la política.
En su reseña El oficio de político, publicada en 2013, Mélany Barragán analiza la obra de Manuel Alcántara Sáez, publicada por Tecnos en 2012. Su reflexión recupera una idea esencial: la política no puede reducirse a ocupar cargos, competir en elecciones o administrar espacios de poder. El ejercicio político requiere vocación, preparación, experiencia, capacidades y, sobre todo, responsabilidad frente a las consecuencias de las decisiones públicas.
Alcántara permite reflexionar sobre la profesionalización de quienes ejercen la política y sobre la necesidad de combinar ética y habilidades prácticas para lograr un desempeño de calidad. Esta perspectiva resulta indispensable cuando hablamos de salud pública, porque gobernar significa identificar necesidades, anticipar riesgos, establecer prioridades y tomar decisiones sustentadas en evidencia.
La falta de oficio político aparece cuando los problemas se atienden únicamente después de convertirse en crisis; cuando se privilegia la comunicación sobre los resultados; cuando los cambios administrativos interrumpen programas necesarios y cuando los intereses electorales terminan desplazando las necesidades de la población.
Sería injusto atribuir el resurgimiento del sarampión a una sola administración, pues se trata de un problema complejo, con antecedentes y responsabilidades compartidas. Sin embargo, precisamente por ello se requiere una conducción política capaz de garantizar continuidad, fortalecer la vigilancia epidemiológica, asegurar el abastecimiento de vacunas y coordinar a los distintos órdenes de gobierno.
La salud no debería convertirse en un asunto de confrontación partidista. Las enfermedades no distinguen colores políticos y las vacunas no tienen ideología. Lo que sí requiere una definición política es la voluntad de colocar la prevención, el presupuesto y el bienestar colectivo entre las prioridades nacionales.
Los datos del INEGI, la teoría de Omran, las reflexiones de Frenk y la advertencia de la OPS nos conducen a una misma conclusión: las sociedades cambian, sus necesidades evolucionan y sus instituciones tienen la obligación de transformarse con ellas. No podemos aspirar a un país desarrollado si no somos capaces de garantizar condiciones básicas de salud para sus habitantes.
Quizá la mayor contradicción de nuestro tiempo sea contar con conocimiento científico, estadísticas y herramientas para prevenir enfermedades, pero seguir enfrentando problemas que pudieron evitarse con decisiones oportunas. La pérdida del estatus de eliminación del sarampión debe entenderse como algo más que un indicador sanitario desfavorable: es una llamada de atención sobre la capacidad institucional y las prioridades de quienes tienen la responsabilidad de gobernar.
Al final, la calidad de un gobierno no debería medirse solamente por las obras que inaugura, los discursos que pronuncia o los resultados electorales que obtiene. También debería medirse por las enfermedades que logra prevenir, las vidas que protege y las oportunidades que garantiza a las nuevas generaciones.
Porque la salud de una nación no puede esperar a que termine la siguiente elección. Y el verdadero oficio político no consiste únicamente en aprender a llegar al poder, sino en comprender la responsabilidad que implica ejercerlo.
Una sociedad puede transitar hacia nuevas etapas de desarrollo, pero sus instituciones no pueden darse el lujo de quedarse atrás.
Alan Sayago Ramírez
Delegado de la Asociación Política Estatal GAMEC, licenciado en Derecho, maestro en Política y Gestión Pública y doctorante en Derecho.
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