Ricardo Vázquez Salazar
Esfera Política
Si hay quien pueda pensar que Fidel Herrera Beltrán va a venir a Xalapa este lunes 18 de septiembre para acudir a la cita que tiene en la Fiscalía Décima, para responder a una denuncia sobre anomalías en el sector salud, lo más probable es que se vaya a quedar con las ganas de verlo. No se atrevería Fidel a hacerlo. Sabe que poner un pie en la capital del estado sería correr el riesgo de llegar a la antesala para ingresar al penal de Pacho Viejo. Mientras no llegue a caer en prisión, “El Tío” siniestro tendrá gente que le sigue siendo devota, en la actual administración estatal, en una gran cantidad de ayuntamientos, legisladores y en otras áreas. Se reportan con él, le informan, lo consultan, actúan o son omisos en función de lo que le es grato al ex desgobernador veracruzano.
Es verdad que no es el primero, mas el lamentable suceso ha conmocionado al país entero, una vez más, como si lo hubiera sido, la población pide a gritos que el crimen de Mara Fernanda Castilla sea el último. Este domingo en CDMX y Xalapa, el lunes en Puebla, en seis entidades las voces se elevan exigiendo justicia y terminen los feminicidios.
Lo que causó la muerte a la joven xalapeña ya informaron las autoridades poblanas fue por estrangulamiento, Los motivos todavía no se han determinado, si se trató de un psicópata que comete una violación y crimen, o el caso va más allá, que pudiera haberse tratado de un secuestro encaminado a la trata de personas, rapto que por alguna razón decidió abortar el inculpado.
Cualquiera de los dos motivos que haya sido, es de extrema preocupación.
La cifra no es para menos, 84 feminicidios registrados en lo que va del año 2017 en la entidad poblana, 10 en promedio al mes. No obstante la gravedad de la situación, a finales del mes de julio pasado la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Conavim, rechazó la solicitud que hicieron grupos de ciudadanos para que se emitiera la “Alerta de género”, por el elevado número de asesinatos de mujeres. Lo aberrante fue que la Conavim acordó dar seis meses más para llevar a cabo un nuevo análisis.
Canales de televisión de otros países han exhibido la industria del secuestro con fines de explotación sexual en nuestro país. La desaparición forzada de adolescentes y jóvenes que tienen como destino ubicarlas en distintas entidades, principalmente la CDMX, e incluso la exportación a otras naciones es un tema aterrador, abordado en esta columna en repetidas ocasiones, por la amenaza que representa para la sociedad en general.
Las bandas de secuestradores que operan en México están ligadas a la trata de blancas y a explotadores sexuales nacionales e internacionales; sus principales víctimas son niños y jóvenes de cualquier clase social, han asegurado especialistas en Derechos Humanos.
Ha sido difundido con toda amplitud lo que ocurre en algunas entidades, la inocultable complicidad de corporaciones policiacas y el posible encubrimiento de autoridades encargadas de impartir justicia.
En el año 2016 tres niñas desaparecieron en San Pablo del Monte, Tlaxcala, Karla, Sandra y Sarahí; el municipio está identificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como parte del corredor de la trata. Lo delicado es que las tres desapariciones tienen registro de una serie de omisiones e irregularidades en la investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala, entre otras la pérdida de los videos de cámaras de seguridad cercanas a los lugares donde se les vio por última vez.
El número de asesinatos contra mujeres crece cada día, es una tragedia y una vergüenza nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, reportó que del año 2000 al 2015 se cometieron 28 mil 710 asesinatos violentos contra mujeres, es decir cinco diarios. Las cifras reflejan un aumento de 85% en estos delitos, al pasar de mil 284 homicidios ocurridos en el año 2000; a dos mil 383, en 2015.
Existen en México activadas siete Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y hay otras 17 solicitudes para decretarlas en estados donde se tiene una alta incidencia de este delito que va en aumento, alentado por la impunidad.
