El proceso de ordenamiento vehicular de motocicletas impulsado por el Gobierno del Estado de Veracruz, bajo la administración de la gobernadora Rocío Nahle García, ha abierto un amplio debate público que trasciende el simple emplacamiento. Lo que fue presentado como una estrategia de control, seguridad y modernización administrativa es hoy percibido por amplios sectores sociales como un ejercicio de desgaste ciudadano, marcado por deficiencias operativas, contradicciones normativas y una preocupante desconexión con la realidad cotidiana de la población.
UN PROGRAMA CON OBJETIVOS LEGÍTIMOS
Desde 2025, el Ejecutivo estatal anunció el Programa de Ordenamiento Vehicular de Motocicletas, estableciendo como fecha límite el 1 de enero de 2026 para que todas las unidades contaran con placas vigentes. El decreto contempló incentivos fiscales, tarifas preferenciales y la promesa de procesos digitales más ágiles, además de la eliminación de prácticas irregulares históricas como el uso indiscriminado de gestores.
En el discurso oficial, la medida buscó fortalecer la seguridad pública, depurar el padrón vehicular y cerrar espacios a la corrupción administrativa. Incluso, ante la saturación de oficinas, se otorgaron prórrogas bajo el argumento de facilitar el cumplimiento ciudadano.
LA BRECHA ENTRE LA NORMA Y LA EXPERIENCIA CIUDADANA
No obstante, la ejecución del programa puso en evidencia carencias estructurales del aparato administrativo estatal. Largas filas, caídas constantes del sistema, trámites interrumpidos, criterios dispares entre oficinas y una atención al público percibida como discrecional detonaron una ola de inconformidad expresada en redes sociales, medios locales y espacios comunitarios.
Uno de los puntos más sensibles ha sido la prohibición de la carta poder, medida que, si bien buscaba erradicar la intermediación irregular, no fue acompañada de un rediseño operativo con enfoque social. Lejos de desaparecer la necesidad de representación, esta restricción trasladó la carga del trámite directamente a amas de casa, empleados con horarios rígidos, personas adultas mayores y ciudadanos que dependen de terceros para realizar gestiones.
Para miles de veracruzanos, cumplir con el trámite implicó ausentarse del trabajo, perder ingresos o descuidar responsabilidades familiares, algo que antes podía resolverse mediante un familiar, un amigo o un representante. En lugar de simplificar, el proceso se volvió más costoso en tiempo, dinero y desgaste emocional para quienes menos margen tienen.
LA CONTRADICCIÓN DEL “ORDEN”: UN TRÁMITE POR DÍA
A esta problemática se sumó el Decálogo emitido por la gobernadora Rocío Nahle, que establece la limitación de un solo trámite por persona al día. Esta disposición ha sido interpretada por los ciudadanos como una de las mayores contradicciones del programa.
Si el objetivo es ordenar y regularizar el parque vehicular, negar el servicio a quien pretende regularizar más de una unidad en una sola visita resulta ilógico. Un ciudadano que posee una motocicleta y un automóvil —o más unidades— es obligado a regresar otro día, multiplicando traslados, gastos y desgaste físico.
En numerosos casos documentados por los propios usuarios, esta restricción ha provocado que personas pernocten a las afueras de las oficinas de Hacienda desde la noche anterior, expuestas a lluvias, frío o calor extremo, sin certeza alguna de ser atendidas. Lejos de generar orden, la medida ha producido saturación artificial, cuellos de botella administrativos y una sensación generalizada de castigo al contribuyente cumplido.
FALLAS TECNOLÓGICAS Y DECISIONES CUESTIONABLES
La narrativa oficial de modernización y combate a la corrupción se debilita aún más cuando se observan las fallas recurrentes y caídas constantes del sistema de canje de placas, una situación que para muchos ciudadanos y analistas funciona como una verdadera biopsia del estado que guarda la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
Resulta legítimo cuestionar cómo es posible que un sistema presentado como eje de modernización tecnológica colapse de manera tan frecuente, dejando a miles de contribuyentes varados en oficinas o con trámites inconclusos. A estas fallas se suman los criterios cambiantes y maniobras administrativas que, lejos de ofrecer certeza, han sido percibidas como auténticas “maromas” desde la Dirección General de Recaudación, elevando aún más el descontento social.
El bajo desempeño de varios titulares de Oficinas de Hacienda completa un cuadro preocupante. En este contexto, surgen preguntas inevitables: ¿quién o quiénes autorizaron el nuevo Sistema de Recaudación?, ¿cuántos millones de pesos del erario costó este software?, y quién avaló un funcionamiento tan limitado en términos de innovación, estabilidad y eficiencia tecnológica?
En ese vacío de respuestas claras y rendición de cuentas, florece la desconfianza social.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL, NO SOLO OPERATIVO
El malestar generado por el ordenamiento vehicular no puede analizarse de forma aislada. Para muchos ciudadanos, este proceso es un reflejo de un problema más profundo: la debilidad en la toma de decisiones, la falta de supervisión efectiva y la ausencia de consecuencias visibles ante los errores administrativos.
La carga del ajuste recae, una vez más, en el ciudadano, mientras las fallas del sistema parecen diluirse en la burocracia. Esto erosiona la credibilidad institucional y amplía la distancia entre gobierno y sociedad.
AÚN HAY TIEMPO: ALTERNATIVAS PARA CORREGIR EL RUMBO
De cara al futuro político del estado y a la percepción ciudadana rumbo a 2027, la gobernadora Rocío Nahle aún cuenta con margen real para corregir el rumbo y enviar señales claras de rectificación:
1. Flexibilizar la política de un trámite por día, permitiendo regularizar varias unidades en una sola visita.
2. Restituir mecanismos de representación legal controlada, especialmente para adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores.
3. Auditar técnica y financieramente el sistema de recaudación, transparentando costos, proveedores y criterios de autorización.
4. Reestructurar la Dirección de Recaudación y las Oficinas de Hacienda, con evaluación de desempeño y remoción de perfiles ineficientes.
5. Abrir canales reales de diálogo ciudadano, donde las quejas se traduzcan en ajustes normativos concretos.
El ordenamiento vehicular pudo ser una muestra de eficiencia y cercanía con la ciudadanía.
Hoy es un termómetro del desgaste social.
RECONOCER ERRORES, CORREGIRLOS Y ASUMIR COSTOS POLÍTICOS A TIEMPO NO ES UNA DEBILIDAD: ES UNA DECISIÓN ESTRATÉGICA.
Veracruz no solo necesita orden administrativo; necesita un gobierno que comprenda que el tiempo, la dignidad y la confianza del ciudadano también son bienes públicos.
