Jorge Viveros Pasquel
La comparación que algunos intentan establecer entre la reciente captura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “el mencho”, y el llamado primer michoacanazo del gobierno de Felipe Calderón, no resiste un análisis serio al no tratarse de episodios comparables ni en su diseño operativo, ni en su contexto institucional, ni en la capacidad del Estado mexicano en cada momento histórico.
El primer elemento que desarma la analogía es el resultado, el operativo conocido como michoacanazo (que comenzó en 2006), precedido por las primeras incursiones federales en la región de Tierra Caliente, que terminó convirtiéndose en un caso emblemático de debilidad probatoria, desarticulación judicial y desgaste político y en términos estratégicos, no debilitó de forma estructural a la organización criminal dominante en la región, que entonces era La Familia Michoacana, ni modificó de fondo el equilibrio territorial, más bien fue un operativo de alto impacto mediático, pero de escasa eficacia sostenida, que detonó la violencia criminal en Michoacán posteriormente Jalisco y luego en otras regiones del país.
La captura de un líder criminal de dimensión nacional, en cambio, responde a una lógica completamente distinta, pues se trata de un objetivo prioritario, que se ejecuta producto de inteligencia acumulada, penetración operativa prolongada y sincronización de múltiples capacidades estatales. No es una redada político/judicial masiva ni tampoco algo planeado con escasos diez días, sino el resultado de una construcción operativa compleja y sostenida en el tiempo.
La diferencia en la planeación es igualmente determinante. En los primeros días del gobierno de Calderón, el despliegue federal en Michoacán tuvo un fuerte componente reactivo y simbólico. El gobierno de Calderón buscaba legitimarse enviando señales de control y decisión politica, era una intervención temprana, ejecutada cuando el aparato federal apenas comenzaba a reorganizarse para enfrentar una amenaza que todavía no estaba plenamente dimensionada, en contraste, los operativos diseñados hoy en día contra objetivos estratégicos se preparan durante meses, a veces años, con inteligencia técnica, vigilancia prolongada, análisis financiero y coordinación interinstitucional de alto nivel.
El tercer factor es la dimensión del aparato de fuerza disponible. A mediados de la década de 2000, particularmente allá por 2006, la capacidad operativa federal era limitada. La Policía Federal Preventiva contaba con un número relativamente reducido de unos 15,000 elementos entre operativos y administrativos para cubrir todo el territorio nacional, con capacidades logísticas en proceso de expansión y sin la densidad institucional que hoy caracteriza al sistema de seguridad federal. Actualmente el Estado mexicano dispone de un volumen de fuerzas muy superior, donde la Guardia Nacional (que sería el equivalente a la PFP de entonces) por sí sola representa una estructura de despliegue territorial masivo calculada en más de 130,000 elementos, complementada por el Ejército Mexicano y la Marina con presencia permanente en múltiples regiones del país. La diferencia no es solo cuantitativa, es estructural.
A ello se suma la variable de la experiencia operativa, en 2006 y 2007 el Estado mexicano estaba iniciando una estrategia de intervención directa contra organizaciones criminales con control territorial y no existía todavía legislación apropiada o una doctrina consolidada de operaciones conjuntas prolongadas, ni protocolos de coordinación interinstitucional en escenarios de violencia sostenida. Hoy, después de más de veinte años de despliegues continuos, las fuerzas federales operan con aprendizaje acumulado, capacidades de inteligencia más desarrolladas, sistemas de mando más integrados y procedimientos refinados por la práctica.
El componente financiero del poder estatal también revela una ruptura histórica clara, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 era apenas una fracción del actual, según una rápida búsqueda por internet, dicha cantidad oscilaba en los 20,000 millones de pesos contra los cerca de 230,000 millones anuales de hoy. En términos reales, el crecimiento ha sido extraordinario cerca de 900%, lo que se ha traducido en mayor equipamiento, infraestructura, movilidad estratégica, sistemas de vigilancia, formación especializada y capacidad logística sostenida.
En síntesis, el contexto institucional, la capacidad material, la experiencia acumulada, el diseño operativo y el tipo de objetivo son radicalmente distintos, el primer despliegue federal en Michoacán ocurrió cuando el Estado apenas comenzaba a construir su arquitectura de confrontación directa contra organizaciones criminales con poder territorial. Las operaciones actuales se desarrollan en un entorno donde esa arquitectura ya existe, ha sido ampliada durante años y opera con niveles de integración muy superiores. Por ello, la idea de que ambos episodios son paralelos carece de sustento pues no pertenecen al mismo momento del desarrollo del aparato de seguridad mexicano, ni responden al mismo tipo de estrategia, ni se ejecutan bajo condiciones institucionales comparables. Más que similitudes, lo que existe entre ellos es una distancia estructural que refleja la evolución del Estado mexicano en materia de seguridad y capacidad coercitiva. No hay paralelismo real, hay etapas históricas completamente distintas del poder estatal frente al crimen organizado.
