Mara I. Cruz Pastrana
Hay una narrativa que se repite con una facilidad inquietante: “no es para tanto”, “seguro fue un malentendido”, “así es el carácter de esa persona”, “hay que aprender a aguantar”. Frases que parecen inofensivas, incluso cotidianas, pero que en realidad son los cimientos de una estructura que protege la violencia cuando quien la ejerce tiene poder.
Porque sí, el poder importa. Importa quién lo tiene, cómo lo usa y, sobre todo, contra quién se ejerce.
Durante años, se ha querido instalar la idea de que la violencia de género es un asunto privado, casi íntimo, que ocurre en espacios cerrados y que se limita a relaciones personales. Pero esa visión es cómoda, reduccionista y profundamente equivocada. La violencia contra las mujeres también se ejerce desde las instituciones, desde los cargos públicos, desde las jerarquías laborales, desde los escritorios donde se toman decisiones que afectan vidas.
No es casualidad que muchas mujeres que denuncian violencia laboral o institucional enfrenten, casi de inmediato, una respuesta que busca deslegitimarlas. Se cuestiona su estabilidad emocional, su profesionalismo, su “forma de relacionarse”, su capacidad de trabajar en equipo. De pronto, la víctima se convierte en problema. Y el agresor, en alguien que “solo es exigente”, “tiene carácter fuerte” o “no sabe comunicarse”.
Ese giro no es inocente. Es una estrategia. Una estrategia que permite que la violencia continúe sin ser nombrada como tal. Que permite que las estructuras se mantengan intactas. Que protege reputaciones a costa de la dignidad de las mujeres.
Y es que reconocer la violencia implicaría reconocer algo aún más incómodo: que las instituciones fallan. Que quienes deberían garantizar espacios seguros, muchas veces los convierten en territorios hostiles. Que los mecanismos de denuncia existen más como simulación que como herramientas reales de justicia.
Hay algo particularmente perverso en la violencia institucional: su capacidad de desgastar. No se trata de un solo acto, sino de una cadena de acciones que, poco a poco, van minando la confianza, la estabilidad y la permanencia de las mujeres en los espacios donde trabajan.
Se les retiran responsabilidades sin explicación.
Se les excluye de proyectos.
Se les niega información clave.
Se les sobrecarga de trabajo o, por el contrario, se les invisibiliza.
Se bloquean sus oportunidades de crecimiento.
Todo esto ocurre sin gritos, sin golpes, sin escándalos. Y precisamente por eso, cuesta tanto señalarlo.
Pero el silencio no significa ausencia de violencia. Significa, muchas veces, normalización.
Uno de los mayores logros del feminismo ha sido, justamente, romper ese silencio. Nombrar lo que antes se toleraba. Darle lenguaje a lo que se sentía, pero no se sabía explicar. Decir, con claridad, que el acoso no es “mal ambiente”, que la exclusión no es “dinámica de equipo”, que la intimidación no es “liderazgo”.
Sin embargo, nombrar no ha sido suficiente.
Porque cada vez que una mujer alza la voz, se enfrenta a un sistema que le exige pruebas imposibles, tiempos interminables y una resistencia emocional que pocas veces se reconoce. Denunciar implica revivir, explicar, justificar. Implica exponerse. Implica, en muchos casos, poner en riesgo su trabajo, su estabilidad económica y su salud mental.
Y, aun así, muchas lo hacen.
Lo hacen porque saben que el silencio no las protege.
Lo hacen porque entienden que lo que viven no es un caso aislado.
Lo hacen porque hay otras que vendrán después.
Aquí es donde la dimensión colectiva cobra sentido. La violencia institucional no se sostiene solo por quien la ejerce, sino por quienes la permiten, la minimizan o la encubren. Por quienes prefieren no involucrarse. Por quienes consideran que no es su problema.
Pero sí lo es.
Es un problema de todas y todos, porque habla del tipo de sociedad que estamos construyendo. Una sociedad donde el poder puede ejercerse sin límites, o una donde existen mecanismos reales de rendición de cuentas.
El feminismo, en este contexto, no es una amenaza. Es una herramienta. Una forma de mirar la realidad con mayor profundidad. Una exigencia de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
No se puede hablar de igualdad mientras se tolera la violencia.
No se puede hablar de derechos mientras se castiga a quien denuncia.
No se puede hablar de justicia mientras se protege al agresor.
Y, sin embargo, eso sigue ocurriendo.
Se firman compromisos institucionales.
Se crean protocolos.
Se organizan talleres.
Pero cuando llega el momento de actuar, de investigar, de sancionar, de reparar, todo se diluye.
Ahí es donde se revela la verdadera voluntad política.
Porque atender la violencia contra las mujeres no es solo una cuestión de discurso. Es una decisión. Una decisión que implica incomodar, confrontar, romper alianzas, asumir costos.
Y no todos están dispuestos a hacerlo.
Por eso, muchas veces, las mujeres terminan enfrentando no solo a una persona, sino a toda una estructura que se cierra para protegerse. Una estructura que duda, que retrasa, que desgasta. Que convierte el proceso en castigo.
Y, aun así, las mujeres siguen hablando.
Siguen organizándose.
Siguen documentando.
Siguen acompañándose.
Porque si algo ha demostrado el feminismo en los últimos años, es que la colectividad es una forma de resistencia profundamente poderosa.
Donde una mujer sola puede ser ignorada, varias son imposibles de silenciar.
Donde una denuncia puede ser archivada, muchas se convierten en evidencia de un patrón.
Donde una historia puede ser cuestionada, muchas revelan una realidad sistemática.
Esto no significa que el camino sea fácil. No lo es.
Implica desgaste.
Implica miedo.
Implica, muchas veces, pérdida.
Pero también implica transformación.
Cada vez que una mujer nombra lo que le ocurre, abre una puerta para otras. Cada vez que se documenta un caso, se debilita la impunidad. Cada vez que se construye una red, se fortalece la posibilidad de resistir.
Y eso, aunque no siempre se vea de inmediato, cambia las cosas.
Cambia la forma en que entendemos el poder.
Cambia la forma en que se construyen las instituciones.
Cambia la forma en que las mujeres se posicionan frente a la violencia.
Porque ya no se trata solo de aguantar. Se trata de cuestionar. De exigir. De transformar.
El reto ahora es que esa transformación no dependa únicamente de la resistencia de las mujeres. Que deje de ser una lucha que se libra en solitario o en pequeños grupos. Que se convierta en una responsabilidad colectiva, institucional y política.
Eso implica dejar de mirar hacia otro lado.
Implica dejar de justificar lo injustificable.
Implica entender que la neutralidad, en estos casos, no existe.
O se está del lado de quienes ejercen violencia, o se está del lado de quienes la enfrentan.
No hay punto medio.
Y en ese posicionamiento se define mucho más que una postura individual. Se define el tipo de sociedad que queremos ser.
Una donde el poder se usa para someter, o una donde se utiliza para garantizar derechos.
Una donde las mujeres deben adaptarse a la violencia, o una donde la violencia es inaceptable.
Una donde denunciar es un riesgo, o una donde denunciar es un derecho protegido.
La respuesta no está en los discursos. Está en las acciones.
Y esas acciones, hoy más que nunca, son urgentes.
Porque mientras se sigue dudando, minimizando o posponiendo, hay mujeres que siguen siendo desplazadas, silenciadas, afectadas. Y eso también es violencia.
