Ángeles González Ceballos
Extrabajadores de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán- Coatzintla, cerraron el centro de la capital veracruzana, en exigencia de que ya les paguen al resto de sus compañeros o a los familiares de quienes lamentablemente ya murieron.
En entrevista Ader Óscar Juárez Téllez, recordó que en total eran más de 600 extrabajadores los que fueron defraudados, a los que se les entregó un cheque sin fondos, pero que exfuncionarios de la administración de Javier Duarte sí cobraron.
De esos, a lo largo de todos estos años, más de ciento y tantos lograron un pago gracias a una mediación del Gobierno y no a través de un juicio, pero todavía faltan alrededor de 70.
«Los demás ya no quisieron, se desistieron, pero aquí hay querellado los 70 que están aquí», manifestó.
El representante legal de los extrabajadores, explicó que derivado de las inundaciones en octubre del 2025 en el norte del estado, la carpeta de investigación se mojó y se perdió toda la información.
«La Fiscalía omisa dice que no hay documentos y nos dijo que viniéramos a Xalapa y viniéramos a la Fiscalía Anticorrupción para que mandaran la copia de 18 tomos a Poza Rica, sede de la Fiscalía de Tuxpan, pero quiero que se entere la Gobernadora que no se cumplió con el pago.
Faltó un pago del primer grupo. Adolfo Toss (directo de Política Regional), dijo que había regresado el dinero porque no se habían presentado, yo le dije qué cómo se iban a presentar si eran finados», expuso.
Ante ello explicó que el cuenta con cartas notariadas, junto con los familiares de esos expolicías que ya fallecieron esperando su liquidación, pero no se les pagó.
Puntualizó que el pago sería por cien millones de pesos para pagar a todos los expolicías, sin embargo, como no se trató de un recurso obtenido de manera judicial, sino por una intervención de la Gobernadora, les iban a dar 4 millones 152 mil pesos.
Detalló que les han pagado a 161 de 170 de un primer grupo que sí quiso irse a un juicio, por lo que hace falta que les paguen a 9.
De esos, algunos ya fallecieron y por eso hoy están en esta capital sus familiares que vienen de distintas entidades del País.
«La carpeta es perdida total, nosotros tenemos el número de carpeta y sabemos que está resguardada en la Fiscalía Anticorrupción, porque aquí se denunció, pero se declararon incompetentes en 2022 y la radican en Poza Rica», recordó.
