Ángeles González Ceballos
La diputada local de Morena, Astrid Sánchez Moguel, propuso la iniciativa de “Ley Alina Veracruz”, que busca reconocer la presunción de legítima defensa en casos de violencia de género.
Se trata de una reforma al Código Penal del Estado luego de que el pasado 12 de diciembre de 2019, Alina Mariel Narciso Tehuaxtle,oficial de policía municipal de Tijuana y originaria de Córdoba, luchó por su vida, luego de que su pareja, también elemento policiaco, la agrediera violentamente y ella, en un acto desesperado por sobrevivir le disparó y le provocó la muerte.
¨Por defender su vida, fue condenada a 45 años de prisión. Tres años y meses de injusticia después, en mayo de 2023, fue absuelta al reconocerse que actuó en legítima defensa¨, resaltó la legisladora.
Sánchez Moguel aseguró que el caso de Alina no es un caso aislado, es el rostro de miles de mujeres veracruzanas y mexicanas que después de sufrir violencia extrema, son revictimizadas y criminalizadas.
Señaló que cada año decenas de feminicidios nos duelen y nos indignan, miles de mujeres viven en un círculo de terror dentro de sus propios hogares, y cuando deciden defender su vida, el sistema las castiga en lugar de protegerlas.
¨La legítima defensa tradicional, pensada para hombres que enfrentan una agresión inmediata y entre iguales, resulta insuficiente ante la violencia de género. No podemos pedirle a una mujer que lleva años de golpes, amenazas, violaciones y terror psicológico, que mida con exactitud milimétrica su reacción para salvar su vida.
Esta iniciativa propone romper con esa rigidez técnica que ignora la desigualdad estructural, estableciendo una presunción legal de legítima defensa. Bajo esta nueva norma, salvo prueba en contrario, se reconocerá la licitud de la acción cuando una mujer repela una agresión física, sexual o feminicida, obligando a las autoridades a juzgar con una perspectiva de género que entienda el contexto y no sólo el hecho aislado¨, expuso.
Detalló que un aspecto medular de esta propuesta es la extensión de dicha presunción a los terceros que intervengan en auxilio de la mujer agredida.
Expresó que con ello buscan que el sistema de justicia no criminalice la solidaridad frente a la violencia extrema, garantizando que tanto la víctima como quienes la protegen cuenten con un respaldo jurídico sólido.
Consideró que al elevar esta interpretación a un rango de obligación para la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales, se asegura que la exclusión del delito reconozca la urgencia de proteger la integridad de las mujeres ante peligros inminentes que el Estado, en muchas ocasiones, no ha logrado prevenir.
Definió que la reforma introduce un criterio de humanidad fundamental al determinar que no existirá exceso en la legítima defensa cuando la respuesta de la mujer ocurra bajo estados de miedo, terror o confusión derivados de la violencia sufrida.
¨Reconocemos plenamente que el trauma acumulado afecta la capacidad de una persona para calcular la «racionalidad» de los medios empleados en el momento de una crisis.
La diputada local morenista manifestó que al acreditarse un contexto de violencia de género, el derecho penal debe dejar de ser un obstáculo para la supervivencia y convertirse en un escudo.
¨No se puede castigar a quien, en medio de la desesperación por conservar su vida, reacciona de la única manera que su realidad psicológica y física le permite. Esta reforma no busca impunidad, busca justicia real, busca que ninguna mujer veracruzana tenga que elegir entre morir a manos de su agresor o pasar décadas en prisión por defender su vida.
Que ninguna Alina más tenga que esperar años en prisión para que se reconozca su derecho a vivir, que ninguna mujer veracruzana sea castigada por el delito de sobrevivir, por las que ya no están, por las que hoy resisten y por las que vendrán¨, concluyó.
