Manolo Victorio
Carpe Diem
La veta inagotable en el afluente proselitista que representa el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, puede despresurizar el chorro del ofrecimiento electoral si no se cierra la llave en los hechos. La bandera de campaña tiende a deshilacharse en un exceso de narrativa.
Los 250 mil usuarios que padecen al Grupo MAS exigen ya una solución, llámese requisa, expropiación, quita o agandalle legal.
Y es que, a once años de distancia, la empresa aprieta en el cobro de mil 660 millones de pesos en la cartera vencida donde se ahogan 82 mil usuarios que no pueden pagar sus recibos de consumo, ajustados leoninamente al alza cada mes.
La empresa se ha embolsado más de 11 mil millones de pesos desde el 2015 a la fecha, en una operación donde la infraestructura y el recurso hídrico ya estaban montados y en funcionamiento.
El negocio perfecto.
En política, las casualidades casi no existen. Y cuando once años después de una concesión aparecen miles de ciudadanos exigiendo su cancelación, decenas de organizaciones reclamando auditorías, extrabajadores demandando justicia laboral y un Ayuntamiento impulsando acciones legales, lo que está en discusión ya no es solamente un servicio público: es un modelo completo de negocio.
La historia comenzó en 2015.
Aquel año, bajo el argumento de que el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) enfrentaba una crisis financiera, los ayuntamientos de Veracruz y Medellín impulsaron su transformación hacia un esquema de participación privada. La promesa era simple: inversión, eficiencia, modernización y mejores servicios.
Así nació Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Grupo MAS, bajo el auspicio del entonces alcalde priista Ramón Poo Gil, quien fue el brazo ejecutor de las ordenes de Javier Duarte de Ochoa.
Detrás aparecieron la española InterAgbar, ligada a Aguas de Barcelona, y la brasileña Odebrecht, empresa que años después sería protagonista del mayor escándalo de corrupción empresarial en América Latina.
Desde el principio surgieron cuestionamientos.
La dirigente sindical Angélica Navarrete del extinto Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) denunció despidos masivos y la pérdida de derechos laborales de más de mil trabajadores. El sindicato acusó que el SAS había sido llevado deliberadamente a una quiebra técnica para justificar la concesión.
Los números alimentaron las sospechas.
Mientras la Cuenta Pública reportaba ingresos del SAS por 801 millones de pesos en 2013, para 2014 los ingresos descendieron a 604 millones de pesos. En apenas un año desaparecieron más de 196 millones de pesos en ingresos. La inversión en obra pública pasó de 17.4 millones a prácticamente cero.
La narrativa oficial habló de inviabilidad financiera.
Los críticos hablaron de una privatización inducida.
Con la llegada de Grupo MAS llegaron también las inconformidades.
Durante años, usuarios denunciaron incrementos tarifarios, cobros excesivos, cortes de suministro, agua turbia, fugas sin reparar y una atención deficiente.
Mientras tanto, los trabajadores despedidos mantuvieron una lucha permanente contra lo que consideraron una privatización injusta.
La sombra de Odebrecht tampoco ayudó.
Diversas investigaciones periodísticas documentaron que Javier Ramón Chuman Rojas, representante de intereses vinculados a la empresa brasileña, participó en la constitución de sociedades relacionadas con la concesión. Años después, ese nombre aparecería asociado a investigaciones derivadas del caso Lava Jato, en una historia producida por la plataforma Netflix bajo el mismo nombre.
La polémica nunca desapareció.
Solamente fue acumulándose.
Once años después, la factura política llegó.
Durante el Cabildo Abierto convocado por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, miles de ciudadanos exigieron revisar a fondo la concesión y avanzar hacia su eventual extinción.
Los datos expuestos durante la sesión explican el tamaño del conflicto.
De acuerdo con información presentada por el Instituto Metropolitano del Agua, Grupo MAS ha cobrado más de 11 mil millones de pesos desde el inicio de la concesión.
La cifra equivale a cerca de mil millones anuales durante más de una década.
Al mismo tiempo, la empresa reporta una cartera vencida de 2 mil 660 millones de pesos atribuida a 82 mil usuarios.
El dato resulta revelador.
Si existen ingresos por más de 11 mil millones de pesos y simultáneamente una deuda acumulada superior a los 2 mil 600 millones, la pregunta obligada es qué tan exitoso ha sido realmente el modelo de concesión para los ciudadanos.
El Cabildo también escuchó otro dato explosivo.
Según información entregada por la propia concesionaria al Instituto Metropolitano del Agua, durante 2025 se realizaron 56 mil 603 cortes de suministro.
Más de 56 mil familias afectadas por suspensiones del servicio en un solo año.
A ello se suman más de 6 mil 500 quejas documentadas por organizaciones ciudadanas, además de sentencias federales promovidas por usuarios inconformes.
Los reclamos ya no provienen únicamente de activistas.
Provienen de colonias enteras.
De usuarios domésticos.
De comerciantes.
De jubilados.
De trabajadores.
La sesión pública dejó ver algo que durante años permaneció disperso: la inconformidad social encontró una narrativa común.
Los ciudadanos reclaman agua de calidad.
Tarifas razonables.
Transparencia financiera.
Y el fin de los cortes que consideran arbitrarios.
La administración municipal sostiene que existen posibles irregularidades que justifican auditorías técnicas, financieras y legales. También informó sobre denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado y sanciones administrativas impuestas a la concesionaria.
La empresa, por supuesto, tiene derecho a defender su actuación y a controvertir cualquier procedimiento legal.
Pero políticamente el escenario ya cambió.
Porque la discusión dejó de ser exclusivamente jurídica.
Ahora es pública.
Y cuando una concesión de agua potable se convierte en tema de debate popular, el desgaste institucional suele ser irreversible.
La pregunta central no es si Grupo MAS gana o pierde esta batalla.
La pregunta es si once años después los objetivos que justificaron la privatización realmente se cumplieron.
Si el propósito era mejorar el servicio, los miles de quejas plantean dudas.
Si el propósito era generar confianza, los conflictos permanentes evidencian problemas.
Si el propósito era garantizar estabilidad social, la persistencia del conflicto laboral demuestra lo contrario.
La verdadera ironía es que el agua, considerada por la Constitución como un derecho humano, terminó convertida en uno de los negocios más rentables y controvertidos de la vida pública veracruzana.
Hoy nadie discute únicamente tuberías, medidores o recibos.
Lo que se discute es quién se benefició de una concesión que ha recaudado más de once mil millones de pesos mientras miles de ciudadanos continúan reclamando un servicio que consideran insuficiente.
Once años después, la privatización del agua enfrenta el juicio más severo de todos.
No el de los tribunales.
No el de los contratos.
No el de las auditorías.
Sino el de los ciudadanos que abren la llave de sus casas esperando que salga agua y no explicaciones mediáticas.
Porque al final, detrás de los discursos, las cifras y los intereses económicos, permanece una verdad elemental: el agua podrá ser un gran negocio para algunos, pero para la mayoría sigue siendo una necesidad indispensable.
Y cuando una necesidad básica se transforma en motivo de conflicto permanente, algo falló en el modelo.
Ahora el compromiso para Rosa María Hernández Espejo es, además, obligación.
Obligación de pasar del discurso y de la exhibición de músculo sectorial a la acción, a los hechos concretos.
Obligación de vigilar con lupa a los funcionarios —algunos de, irónicamente con pasado duartista—proclives a escuchar cantos de sirenas cuando negocian en nombre de los usuarios del servicio de agua.
Obligación de hacer cumplir la palabra lanzada en prenda en un juicio popular que ya transita por el sexto mes del cuatrienio.
La historia no juzgará a los colaboradores o titulares de área que llegaron a palacio municipal en pago de compromisos contraídos.
El juicio pesará sobre la cabeza del organigrama.
La alcaldesa sabe que el prestigio profesional es el mejor escudo.
Las promesas deben aterrizar en hechos.
Si es así, el Grupo MAS debe presentir el principio del final de un negocio dorado.
El reloj avanza.
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