Miguel Ángel Rueda-Ruíz
Filias y fobias… del Poder
El plagio violento y desaparición de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez coloca en el centro del debate público que en tiempos donde la inmediatez y fugacidad suelen imponerse sobre la verificación, el mayor desafío del Periodismo no es informar primero, sino informar correctamente.
La detención de José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, representa, sin duda, un avance relevante dentro de una investigación que llama la atención al gremio periodístico y a las audiencias en general.
Casi al mismo tiempo, la captura de cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste dio paso a una narrativa que rápidamente asumió, sin confirmación oficial, que ambos acontecimientos forman parte de un mismo expediente ministerial.
Hasta este momento, esa afirmación no está acreditada.
Ambos operativos ocurrieron el mismo día. En la misma región del sur de Veracruz y en un contexto de fuerte despliegue de corporaciones federales y estatales.
También es cierto que diversos medios nacionales y locales presentaron ambos hechos como si existiera una relación directa entre ellos.
Pero el periodismo no puede sustituir la evidencia por interpretaciones o inferencias.
Los comunicados oficiales conocidos hasta ahora informan la detención de “Delta 7” como presunto integrante de una organización criminal investigada por la desaparición de Roxana Guzmán.
En esos mismos comunicados también se reporta la detención de cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
Lo que no establecen, de manera expresa, es que dichos servidores públicos estén siendo investigados por ese mismo delito o dentro de la misma carpeta de investigación.
La diferencia no es un tecnicismo. Es una frontera esencial entre el hecho comprobado y la especulación.
Existe, además, otro aspecto que obliga al máximo rigor informativo.
Diversos medios difundieron como un hecho consumado el presunto fallecimiento de Roxana Guzmán, incluso atribuyendo esa versión a declaraciones del detenido conocido como “Delta 7”.
Hasta ahora no existe una confirmación oficial sustentada en evidencia científica que permita afirmar jurídicamente ese desenlace.
En cualquier investigación de desaparición, la localización de restos humanos, en caso de existir, requiere procedimientos periciales especializados y una identificación científica mediante genética forense u otros métodos legalmente reconocidos antes de poder establecer la identidad de una persona.
Sin esa validación técnica, cualquier afirmación categórica resulta prematura.
La propia familia de Roxana ha manifestado públicamente que no ha recibido una confirmación oficial sobre la localización e identificación de la comunicadora.
Mientras las autoridades continúan desarrollando diligencias ministeriales y periciales.
Por ello, desde la perspectiva del Periodismo, la condición jurídica e informativa de Roxana Guzmán continúa siendo la de persona desaparecida, hasta que exista un dictamen pericial concluyente emitido por la autoridad competente.
Adelantar conclusiones no sólo compromete la credibilidad de quienes informan; también puede afectar el desarrollo de la investigación y profundizar el dolor de una familia que sigue esperando certezas.
La función del Periodismo nunca ha consistido en llenar los vacíos de información con especulaciones. Su responsabilidad es distinguir con absoluta claridad entre lo que está probado, lo que forma parte de una investigación y aquello que permanece únicamente en el terreno de las versiones.
Ese compromiso también implica recordar un principio fundamental del Estado de Derecho. Toda persona detenida conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad.
No se trata de un privilegio para los imputados, sino de una garantía indispensable para la justicia y para la credibilidad de las instituciones.
La prudencia, desde luego, no significa minimizar la gravedad de los hechos.
La desaparición de una persona, de una comunicadora, constituye una agresión directa contra la libertad de expresión y obliga al Estado a realizar una investigación exhaustiva, profesional y transparente.
Del mismo modo, si existen indicios de participación de servidores públicos, éstos deben ser investigados con absoluta imparcialidad y sin concesiones.
Pero la misma exigencia de justicia obliga a rechazar las condenas anticipadas.
Hoy siguen abiertas preguntas esenciales.
¿Ambas investigaciones convergen realmente en una misma carpeta?
¿Los policías municipales enfrentan imputaciones relacionadas con la desaparición de Roxana Guzmán o responden a hechos distintos?
¿Qué elementos probatorios sustentan cada una de las detenciones?
¿Qué resultados arrojarán finalmente los dictámenes periciales?
Las respuestas no pueden provenir de las redes sociales, de las filtraciones ni de la especulación mediática.
Deben surgir de las investigaciones ministeriales, de las pruebas científicas y, en su momento, de las resoluciones judiciales.
En una época donde la velocidad parece imponerse sobre la verdad, el Periodismo tiene la obligación de resistir esa presión.
Su compromiso sigue siendo el mismo de siempre, verificar antes de afirmar, distinguir entre hechos y versiones, respetar el debido proceso y recordar que las coincidencias jamás sustituyen a las pruebas.
La Verdad no nace de los rumores. No se construye con conjeturas ni con narrativas apresuradas.
La Verdad, en un Estado de Derecho, se acredita con evidencia. Y el Periodismo tiene la responsabilidad de esperar a que esa evidencia hable.
