Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La revisión del T-MEC puede convertirse en una prueba decisiva para la economía mexicana. Aunque el tratado no desaparece de inmediato, el hecho de que Estados Unidos busque mayor presión sobre reglas de origen, aranceles, autos, acero y manufactura genera incertidumbre para las empresas. México, de hecho, llega a la negociación buscando eliminar aranceles a autos y acero, evitar medidas unilaterales y dar mayor certeza a inversionistas.
El primer impacto será sobre la inversión. Las empresas que planean instalar plantas, ampliar líneas de producción o traer capital por nearshoring necesitan reglas claras por varios años. Si la revisión del tratado se vuelve una negociación permanente, anual o sujeta a presiones políticas de Washington, muchas inversiones pueden retrasarse. No necesariamente se irán de México, pero sí pueden esperar, reducir montos o trasladar parte de sus planes a Estados Unidos.
El segundo foco rojo está en el empleo formal. La ENOE del INEGI muestra que México mantiene una informalidad elevada: en el primer trimestre de 2026 la tasa de informalidad laboral fue de 54.8%, superior al 54.3% del mismo periodo de 2025; en abril subió a 55.2%, según datos del Instituto. Eso significa que más de la mitad de quienes trabajan lo hacen sin plena seguridad social, sin estabilidad y con menor aportación fiscal. Por eso, hablar de 1.6 millones de empleos formales no es una cifra menor, implica que México tendría que crecer muy por encima de lo que hoy se espera.
Ahí aparece la contradicción más fuerte. Si para generar esa cantidad de empleo formal se requiere crecer cerca de 6% anual, pero el FMI estima para México apenas 1.2% en 2026, el país enfrenta una brecha enorme entre lo que necesita y lo que realmente puede producir bajo las condiciones actuales. El propio FMI reporta para México una proyección de crecimiento real de 1.2% en 2026, mientras que Reuters documentó que la previsión fue reducida desde 1.6%.
El tercer punto es la deuda. Que la deuda interna haya pasado en una década de representar 64% a 78% del total revela que el gobierno depende cada vez más del mercado interno para financiarse. Esto no es necesariamente negativo por sí mismo, porque reduce exposición cambiaria; pero sí implica mayor presión sobre tasas, presupuesto y pago de intereses. Además, la SHCP prevé que la deuda amplia cierre 2026 en 20.4 billones de pesos, equivalente a 54.7% del PIB.
El escenario más probable es una economía mexicana con crecimiento bajo, empleo formal insuficiente y mayor cautela empresarial. El consumo puede seguir ayudando, la inflación más baja da algo de oxígeno y el comercio con Estados Unidos sigue siendo una gran fortaleza, pero no basta. Si no hay certeza jurídica, energía suficiente, seguridad, infraestructura, Estado de derecho y reglas claras en el T-MEC, el nearshoring puede quedarse por debajo de su potencial.
En términos políticos, el riesgo para el gobierno es que el discurso optimista choque con la realidad económica. No basta decir que México es atractivo por su ubicación geográfica. El país necesita demostrar que puede ofrecer confianza, productividad, seguridad y estabilidad regulatoria. De lo contrario, la revisión del T-MEC no será sólo una negociación comercial, será un examen sobre la capacidad de México para crecer, formalizar empleos y sostener sus finanzas públicas.
La expectativa, entonces, es clara. México no está ante una recesión inevitable, pero sí ante un periodo de bajo crecimiento y alta incertidumbre. Y con un crecimiento de 1.2%, será muy difícil crear los empleos formales que el país necesita. El verdadero reto no es presumir estabilidad, sino convertir el T-MEC en una plataforma real de inversión, empleo y crecimiento sostenido.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
