Pepe Cortés
La decisión del Gobierno del Estado de liquidar anticipadamente la deuda derivada de la bursatilización municipal es, sin duda, una buena noticia para Veracruz. Después de casi dos décadas, poner fin a un esquema que comprometía los recursos de 199 municipios hasta 2036 representa un paso importante para sanear las finanzas municipales.
Ese reconocimiento debe hacerse con toda claridad. Pero precisamente porque se trata de recursos públicos, también deben formularse las preguntas correctas.
El Gobierno del Estado informó que destinó 1,085 millones de pesos para extinguir definitivamente este pasivo. Conocemos el monto de la liquidación, pero aún no la fuente presupuestal o financiera que hizo posible esa decisión. Esa información es indispensable para evaluar su impacto sobre las finanzas estatales.
En las finanzas públicas no existen los recursos gratuitos. Todo peso que se destina a un objetivo deja de destinarse a otro. Ese es, precisamente, el costo de oportunidad del gasto público.
Por ello, no basta con saber cuánto costó liquidar la deuda; también debemos conocer de dónde salió el dinero y qué dejó de hacerse para disponer de él.
Toda política presupuestaria implica establecer prioridades. Si el Estado dispuso de 1,085 millones de pesos para liquidar esta obligación, resulta legítimo conocer si esos recursos provinieron de disponibilidades financieras, ingresos excedentes, ahorros presupuestales o de una reasignación del gasto público.
Y, si fue este último el caso, los ciudadanos también tenemos derecho a saber qué programas, obras de infraestructura o inversiones sociales fueron reducidos, diferidos o cancelados para hacer posible esa decisión.
Exigir estas respuestas no significa minimizar el mérito de haber liquidado la deuda. Significa exigir la transparencia que merece toda decisión relacionada con el manejo del dinero público.
Para entender la importancia de estas preguntas conviene recordar el origen del problema.
En 2008, el Congreso del Estado autorizó un esquema mediante el cual 199 municipios comprometieron parte de sus participaciones federales futuras a cambio de obtener recursos inmediatos para financiar obras y proyectos de infraestructura. Lo que entonces se presentó como una alternativa innovadora de financiamiento terminó convirtiéndose en una pesada carga que sobrevivió a alcaldes, cabildos y gobernadores.
Durante dieciocho años, esa deuda fue cubierta por administraciones que jamás participaron en la decisión original y por ciudadanos que, en aquel entonces, apenas comenzaban la escuela.
Al final, esa deuda no la pagó un gobierno. La pagamos todos los veracruzanos.
No todos compartimos aquella decisión.
Desde el inicio, Acción Nacional sostuvo que la bursatilización no representaba una estrategia de modernización financiera, sino un compromiso excesivo de los ingresos futuros de los municipios. Esa postura no quedó únicamente en el debate legislativo; también se tradujo en hechos. Doce municipios entonces gobernados por el PAN, entre ellos Boca del Río, decidieron no adherirse al esquema, demostrando que era posible impulsar obra pública y administrar responsablemente las finanzas municipales sin comprometer los ingresos de las administraciones futuras.
Hoy la historia ofrece la oportunidad de cerrar ese capítulo.
Pero también abre un debate institucional que merece ser analizado con seriedad.
La gobernadora Rocío Nahle ha señalado que los recursos liberados deberán destinarse a obra pública y ha expresado su intención de evitar que los municipios vuelvan a contratar deuda de largo plazo. El propósito es legítimo. La experiencia demuestra que comprometer ingresos públicos durante décadas nunca debe convertirse en una práctica habitual.
Sin embargo, esa misma experiencia obliga a proteger otro principio igualmente importante.
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que los municipios administrarán libremente su hacienda. Esa autonomía no constituye un privilegio para los alcaldes; es una garantía constitucional para que cada Ayuntamiento, a través de su Cabildo, determine las prioridades de su comunidad.
Promover la disciplina financiera y evitar el sobreendeudamiento son objetivos compartidos. Pero cualquier mecanismo que limite de manera permanente el ejercicio de recursos que constitucionalmente pertenecen a los municipios merece un análisis cuidadoso desde la perspectiva del municipio libre.
La bursatilización dejó una lección que costó casi dos décadas y miles de millones de pesos. Veracruz tiene hoy la oportunidad de demostrar que aprendió de esa experiencia.
Liquidar una deuda histórica merece reconocimiento. Explicar con transparencia cómo se financió esa decisión también es una obligación democrática. La responsabilidad hacendaria no concluye cuando se liquida un pasivo; concluye cuando los ciudadanos conocen con absoluta claridad de dónde provinieron los recursos, cuál fue el costo de oportunidad de esa decisión y qué impacto tendrá sobre las finanzas públicas del Estado. Sólo entonces podremos afirmar que la deuda realmente terminó, porque las obligaciones financieras se pagan con dinero, pero la confianza ciudadana sólo se construye con transparencia.
@pepecortesmx
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Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal del PAN en Veracruz, analista político y económico, y ex Director General de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
