Salvador Muñoz
Los Políticos
Hay expedientes que huelen a grilla y hay otros que huelen a naranja podrida con esencia a Pacho.
Los casos de los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste pertenecen, por desgracia, a la segunda categoría.
Por más que algunos intenten envolverlos en el celofán de la “persecución política”, los señalamientos que hoy tienen a ambos presidentes municipales caminando rumbo a un posible desafuero son demasiado delicados para despacharlos con el argumento favorito de cualquier partido cuando uno de los suyos pisa terrenos judiciales.
Aquí no se habla de diferencias ideológicas.
Se habla de investigaciones por presuntos delitos relacionados con desaparición de personas, privación ilegal de la libertad y homicidio.
Eso rebasa cualquier debate electoral.
En el Congreso del Estado, las comisiones legislativas ya hicieron lo suyo al considerar que existen elementos para que el procedimiento continúe. Ahora la pelota está en la cancha de la Comisión Instructora.
Lo que sigue tampoco es un mero trámite. La Comisión deberá citar a ambos alcaldes para que comparezcan y ejerzan plenamente su derecho de audiencia. Ahí podrán presentar alegatos, ofrecer pruebas, controvertir los elementos aportados por la Fiscalía y sostener su defensa conforme al debido proceso. Con los argumentos de ambas partes, la Comisión elaborará un dictamen que posteriormente será sometido al Pleno del Congreso, donde finalmente se decidirá si procede o no retirarles el fuero constitucional. Es decir, aún no hay sentencia, pero tampoco hay espacio para minimizar la gravedad de los señalamientos.
Esteban Bautista y Naomi Gómez Santos no sólo conducirán un procedimiento jurídico; cargarán sobre sus hombros la credibilidad de un Congreso que durante años fue acusado de actuar más por consigna que por convicción y, al menos hasta ahora, ahí la llevan.
Por su parte, Movimiento Ciudadano no puede refugiarse en el discurso fácil de la persecución.
Cuando un partido presume ser la nueva política, también debe asumir que la exigencia ética es mayor. La defensa automática de cualquier militante únicamente por compartir colores termina pareciéndose demasiado a las prácticas que durante años criticó.
Ser oposición no concede patente de inocencia.
MC haría bien en acompañar el debido proceso, exigir una investigación seria y, sobre todo, deslindarse de cualquier conducta que pudiera vincular a alguno de sus cuadros con organizaciones criminales. Blindar políticamente a quien enfrenta señalamientos de esta magnitud sería un error tan grave como condenarlo sin sentencia.
El fuero nunca fue diseñado para esconder a nadie detrás de una curul o de una presidencia municipal.
Fue creado para proteger el ejercicio del cargo, no para blindar a quienes eventualmente deban responder ante un juez.
Es claro que Veracruz ya no tiene Congresos que administren expedientes.
Hay un Congreso con valor de llevarlos hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, sin importar el color del partido.
Porque cuando un asunto comienza a oler a naranja podrida, lo peor que puede hacer en este momento Movimiento Ciudadano es taparse la nariz.
