Pepe Cortés
La Guerra Cristera no nació de la nada. Fue el desenlace de una larga disputa entre el Estado mexicano y la Iglesia católica. Sin embargo, el enfrentamiento que ensangrentó al país entre 1926 y 1929 tuvo un responsable político directo: el gobierno de Plutarco Elías Calles.
El proceso venía de lejos. La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma redujeron la autoridad eclesiástica, ampliaron las facultades del poder civil y transformaron profundamente la relación entre la Iglesia y el Estado. Aquellas decisiones contribuyeron a la Guerra de Reforma y dejaron abierta una confrontación que permanecería viva durante décadas.
La Constitución de 1917 retomó ese conflicto y lo llevó más lejos. Restringió la participación de los ministros de culto en la educación, prohibió las órdenes monásticas, limitó las ceremonias religiosas públicas y concedió al Estado amplias facultades para intervenir sobre las iglesias y sus ministros.
Calles heredó ese marco constitucional, pero decidió convertirlo en persecución. Bajo el argumento de defender la Constitución y el carácter laico del Estado, utilizó la legislación penal y el aparato gubernamental para intervenir directamente en la vida religiosa de millones de mexicanos. No se limitó a administrar un conflicto heredado: lo llevó hasta sus últimas consecuencias.
De la restricción a la sanción
El 2 de julio de 1926 se publicó la reforma penal conocida como Ley Calles, que entró en vigor el 31 de julio. A partir de entonces, las restricciones constitucionales dejaron de ser disposiciones generales y se transformaron en multas, arrestos y castigos concretos.
La ley estableció quién podía ejercer el ministerio religioso, sancionó la enseñanza impartida por ministros de culto, castigó determinadas expresiones del clero y restringió las manifestaciones de fe fuera de los templos. El Estado dejó de limitarse a separar la autoridad civil de las iglesias y comenzó a intervenir directamente en la vida religiosa de las personas.
Un Estado laico puede regular los efectos civiles de los actos religiosos, exigir el cumplimiento de leyes generales e impedir que una organización sustituya a la autoridad pública. Lo que no puede hacer es convertirse en juez de las convicciones ni decidir cómo debe vivirse una creencia.
Cuando un gobierno determina quién puede ejercer un ministerio, dónde puede manifestarse una fe y qué expresiones religiosas merecen castigo, deja de preservar el orden público y comienza a gobernar la conciencia.
Calles también encontró en aquella disputa una oportunidad para fortalecer la autoridad presidencial. La Iglesia era una de las pocas instituciones capaces de organizar a millones de personas fuera del control del régimen posrevolucionario y conservaba presencia en las familias, las comunidades, las escuelas, las asociaciones y las obras de asistencia.
La confrontación religiosa se convirtió así en una disputa por el control de la sociedad. Ya no se trataba únicamente de establecer fronteras entre la Iglesia y el Estado, sino de reducir la autonomía de una institución capaz de crear vínculos sociales y orientar comunidades sin depender de la Presidencia.
Resistencia civil y silencio en los altares
El conflicto no comenzó con las armas. Antes hubo protestas, peticiones, movilizaciones y resistencia civil. Organizaciones católicas promovieron un boicot económico y llamaron a reducir el consumo, suspender diversiones y evitar determinados gastos para presionar al gobierno a modificar su política religiosa.
El 25 de julio de 1926, los obispos mexicanos publicaron una carta pastoral colectiva. Ante la entrada en vigor de la Ley Calles, decidieron suspender el culto público a partir del 31 de julio. Desde el día siguiente, numerosos templos permanecieron abiertos, pero sin celebraciones religiosas.
El silencio de las iglesias hizo visible una ruptura profunda. Para millones de mexicanos, la religión no era una actividad secundaria ni una práctica limitada al interior de los templos. Formaba parte de la familia, la educación, las celebraciones, la comunidad y la manera de comprender la vida y la muerte.
Al intervenir en ese ámbito, el gobierno no reguló solamente a una institución: atacó la forma de vivir de sus ciudadanos. La resistencia civil no consiguió modificar la política gubernamental. Calles mantuvo las restricciones y tampoco abrió una ruta efectiva de conciliación. La tensión siguió creciendo.
De la protesta a las armas
Durante los meses siguientes, la resistencia armada se extendió principalmente por el centro y el occidente del país. Campesinos, rancheros, artesanos y habitantes de numerosas comunidades tomaron las armas por distintas razones.
Algunos defendían directamente su fe. Otros buscaban preservar la autonomía, las tradiciones y la vida comunitaria frente al centralismo revolucionario. Otros más se levantaron contra los abusos de las autoridades y el control político del régimen.
La Guerra Cristera no debe idealizarse. Hubo ejecuciones, venganzas y excesos cometidos por los distintos participantes. La legitimidad de una causa no convierte automáticamente en legítimo cualquier acto realizado en su nombre.
Pero el conflicto tampoco puede reducirse a una manifestación de fanatismo religioso. La violencia no apareció en el vacío. Antes hubo restricciones, sanciones, persecuciones y protestas que no lograron detener los abusos del poder.
La Guerra Cristera tenía antecedentes históricos, pero su detonante fue político. La Ley Calles convirtió una disputa antigua en una persecución presente y colocó a miles de ciudadanos ante una disyuntiva extrema: permitir que el gobierno interviniera en una dimensión esencial de su vida o resistir al régimen.
Calles fue el responsable político directo del enfrentamiento. Su gobierno convirtió una disputa histórica en persecución, cerró las vías de conciliación y utilizó la ley, la administración y la fuerza pública para someter a quienes se negaban a renunciar a su fe. La Guerra Cristera no fue un accidente de su gobierno: fue la consecuencia de una política deliberada de imposición.
El Estado contra la persona
El proyecto posrevolucionario buscaba consolidar un Estado fuerte. México necesitaba instituciones, orden y una autoridad capaz de hacer cumplir la ley. Pero un Estado fuerte no es lo mismo que un Estado sin límites.
La pregunta de fondo era inevitable: ¿Era necesario someter a la persona para fortalecer al Estado?
El callismo colocó al Estado en el centro de la vida nacional y subordinó las libertades individuales a los objetivos políticos del régimen. Sin embargo, la concentración del poder no terminó ahí. Al concluir su Presidencia, Plutarco Elías Calles se colocó a sí mismo en el centro del sistema político como Jefe Máximo de la Revolución, desde donde pretendió conservar el control sobre los gobiernos que lo sucedieron. El Estado fuerte terminó convirtiéndose en el poder personal de un hombre.
Años después, Efraín González Luna expresaría el principio que aquel gobierno había invertido: la persona no existe para servir al Estado; el Estado existe para servir a la persona y procurar el bien común.
La libertad religiosa no es una concesión del gobierno ni un privilegio exclusivo del clero. Es una dimensión fundamental de la libertad humana. El Estado puede regular conductas externas y exigir el cumplimiento de leyes generales, pero no puede reclamar autoridad sobre la conciencia.
Una paz incompleta
En 1929, los llamados “arreglos” permitieron reanudar el culto público y disminuir la intensidad del enfrentamiento. Sin embargo, las disposiciones restrictivas no fueron derogadas. El gobierno moderó su aplicación y las autoridades eclesiásticas aceptaron reanudar el culto bajo determinadas condiciones.
La paz llegó mediante una negociación práctica, no porque el Estado hubiera reconocido plenamente que había invadido la libertad religiosa. El conflicto armado terminó formalmente, pero la herida permaneció abierta.
Durante los años posteriores continuaron persecuciones, incumplimientos y nuevos episodios de resistencia. El poder no renunció a las normas que habían originado el enfrentamiento; simplemente decidió aplicarlas con menor intensidad.
Los límites de la autoridad
La Guerra Cristera no fue solamente una confrontación entre el gobierno y la Iglesia. Fue el resultado de una decisión política: llevar una antigua disputa histórica hasta convertirla en persecución.
Calles presentó su política como una defensa de la Constitución y del Estado laico. Pero un Estado laico no es aquel que persigue la fe. Es aquel que garantiza la libertad de creyentes y no creyentes, impide que una religión se imponga sobre los ciudadanos y evita que el gobierno imponga su ideología sobre la conciencia.
La libertad religiosa tampoco significa que las iglesias estén por encima de la ley. Significa que la ley debe proteger a la persona y que el poder no puede utilizarla para someter sus convicciones más íntimas.
Ahí radica la diferencia entre autoridad y autoritarismo. La autoridad preserva el orden respetando la dignidad humana; el autoritarismo percibe como amenaza todo aquello que no puede controlar.
La Ley Calles convirtió esa desconfianza en castigos. La resistencia civil demostró que una parte de la sociedad no estaba dispuesta a aceptar la intervención estatal sobre su fe. La lucha armada reveló el costo de cerrar los caminos del diálogo y convertir a ciudadanos creyentes en adversarios del régimen.
El gobierno puede delimitar fronteras institucionales, preservar el orden y hacer cumplir la ley. Lo que nunca debe pretender es apropiarse de las convicciones íntimas de las personas.
La dignidad no la concede el gobierno, la libertad no depende de la voluntad del presidente y la fe no existe por decreto oficial.
Un llamado a las nuevas generaciones:
Frente a un poder que quiera volver a ocuparlo todo, miles de mexicanos volveremos a responder con el grito que sintetizó aquella resistencia:
¡VIVA CRISTO REY!
@pepecortes
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Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Sefiplan.
