Pepe Cortés
Cada vez que el gobierno anuncia el decomiso de un cargamento de combustible, el mensaje oficial se repite: la culpa es de los contrabandistas. Sin embargo, la narrativa elude la pregunta de fondo: ¿Por qué el huachicol fiscal sigue siendo un negocio extraordinariamente rentable?
Mientras esa interrogante permanezca sin respuesta, cualquier estrategia seguirá combatiendo los síntomas y no la enfermedad.
El problema no inicia en una toma clandestina ni en un lote sospechoso; comienza en el diseño mismo del mercado de combustibles. México importa una porción sustancial de la gasolina que consume. No obstante, el consumidor nacional termina pagando alrededor de un 50 % más que un consumidor en Texas por un combustible de características similares. Esa distorsión de precios genera un poderoso incentivo económico para la evasión fiscal, el contrabando y la simulación de operaciones de comercio exterior.
Es una de las lecciones más elementales de la economía: cuando un mercado distorsionado ofrece ganancias extraordinarias, siempre aparecerán organizaciones dispuestas a apropiarse de ellas. Combatir el huachicol fiscal exige ir más allá del despliegue operativo o del discurso punitivo; exige desmontar las condiciones que hacen rentable el fraude.
Durante los últimos ocho años, la política energética ha priorizado el fortalecimiento financiero de PEMEX antes que la protección del consumidor. El resultado es un esquema en el que el ciudadano paga dos veces: primero, cuando llena el tanque con combustibles más caros que los de nuestro vecino del norte; segundo, cuando sus impuestos financian apoyos públicos destinados a una empresa que durante años ha enfrentado graves problemas financieros y operativos, además de numerosos casos de corrupción y saqueo atribuidos a funcionarios públicos y dirigentes sindicales.
Tener una empresa petrolera propiedad del Estado no es, por sí mismo, el problema. Diversos países han demostrado que las empresas públicas pueden ser eficientes, competitivas y rentables. La diferencia no radica en la propiedad, sino en el gobierno corporativo, la disciplina financiera y una administración profesional que tome decisiones con criterios técnicos, financieros y de largo plazo.
El problema comienza cuando la política energética se diseña para proteger a PEMEX antes que para proteger al consumidor. En ese momento, el ciudadano deja de ser el centro de la política pública y se convierte en quien financia sus costos.
A la par, el huachicol fiscal a gran escala difícilmente podría existir sin fallas graves en los mecanismos de control del Estado. Mover millones de litros de combustible implica cruzar aduanas, puertos, recintos fiscales y sistemas de supervisión tributaria. Cuando un fraude de esa magnitud logra consolidarse, resulta indispensable investigar si existieron actos de omisión, corrupción o colusión de servidores públicos que facilitaron su operación.
Frente a este escenario, el humanismo político encuentra en la economía social de mercado una respuesta coherente. La persona humana debe ser el principio y el fin de toda política económica. El Estado no existe para monopolizar los mercados ni para sustituir a la sociedad, sino para garantizar el Estado de derecho, proteger al consumidor, promover la competencia y asegurar que los mercados funcionen en beneficio de la persona humana. La libertad económica no es un fin en sí misma; es una condición indispensable para generar prosperidad y contribuir al bien común.
Una política energética inspirada en estos principios no buscaría proteger a una empresa por el simple hecho de ser propiedad del Estado. Buscaría proteger al consumidor, fortalecer las instituciones, fomentar la competencia y garantizar el acceso a energía suficiente, confiable y a precios competitivos.
Al final, el desafío trasciende a los contrabandistas.
El verdadero problema es un sistema de incentivos creado por un mercado distorsionado, que hace posible, rentable y persistente el huachicol fiscal. El humanismo político nos recuerda que la economía no existe para sostener estructuras de poder, monopolios o privilegios. Existe para servir a la persona humana. Mientras ese principio no vuelva a ocupar el centro de la política energética, seguiremos pagando el costo de un sistema que premia el fraude antes que el bien común.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Sefiplan.
