Pepe Cortés
Una casa puede costar treinta años de trabajo y ponerse en riesgo en unos cuantos meses. Esa es la dimensión humana de las denuncias sobre presuntos despojos inmobiliarios en Xalapa. Detrás de cada expediente hay familias, muchas con adultos mayores, defendiendo el patrimonio construido durante toda una vida.
Para una autoridad puede ser un expediente. Para una familia es la casa donde crecieron los hijos, donde están sus recuerdos y donde alguien esperaba vivir tranquilamente su vejez. Cuando ese patrimonio entra en litigio llegan abogados, gastos, angustia y años de incertidumbre. En algunos casos se denuncian incluso desalojos, y un desalojo no es solamente una diligencia judicial: es una familia afuera de su casa, es un adulto mayor que puede perder en unas horas la seguridad construida durante décadas, es una batalla capaz de consumir los ahorros y afectar la tranquilidad, la salud y la vida familiar.
El asunto ya no existe solamente en denuncias públicas. Las autoridades han reconocido al menos diez casos relacionados con presuntos despojos inmobiliarios en Xalapa. En uno de los conocidos, un juez ordenó la restitución provisional de una vivienda mientras continúa el procedimiento penal y una persona fue vinculada a proceso por fraude procesal. Esto no significa culpabilidad ni sentencia, pero confirma que parte de esta historia ya está dentro del sistema penal.
La pregunta es inevitable: ¿Son casos independientes o piezas de un mismo mecanismo?
La ruta denunciada comienza antes del juzgado y antes incluso del pagaré. Si alguien afirma haber prestado cientos de miles o millones de pesos y después reclama judicialmente ese dinero, debe investigarse si la operación realmente ocurrió. ¿Quién prestó el dinero? ¿Tenía capacidad económica para hacerlo? ¿De dónde provinieron los recursos? ¿Cómo fueron entregados? ¿Existe una transferencia, retiro, depósito o algún elemento que permita acreditar que el dinero cambió de manos?
Después aparece el pagaré. En varios casos difundidos públicamente se mencionan documentos cuyas firmas los afectados aseguran no reconocer. Existen incluso denuncias donde la obligación habría sido atribuida a una persona fallecida. Ahí las acusaciones deben convertirse en pruebas: los peritajes tienen que determinar la autenticidad de las firmas y reconstruir el origen de cada documento.
Si existen varios casos semejantes, hay que compararlos. Montos, fechas, documentos, promoventes y personas que aparecen repetidamente pueden revelar coincidencias que resultan invisibles cuando cada asunto se investiga por separado.
Después, el pagaré entra al juzgado. Y ahí comienza la parte más delicada.
Un pagaré presuntamente falso guardado en un portafolios no puede echar a una familia a la calle. Para producir un embargo, una adjudicación o un desalojo necesita entrar al sistema judicial, avanzar dentro de un procedimiento y producir consecuencias reales sobre el patrimonio. Por eso no basta investigar quién pudo haber elaborado o presentado un documento irregular. Hay que reconstruir también qué ocurrió desde el momento en que llegó al Poder Judicial.
¿Quién recibió los expedientes? ¿Cómo fueron turnados? ¿Qué sistema de distribución estaba vigente? ¿Qué juzgados los conocieron? ¿Quién practicó y validó los emplazamientos? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la demanda y las medidas sobre el patrimonio? ¿Qué controles se aplicaron antes de afectar una propiedad?
Si al cruzar los casos apareciera una concentración anormal de asuntos semejantes en determinados juzgados, tendría que explicarse. No podemos afirmar manipulación, complicidad o corrupción sin pruebas. Precisamente por eso deben revisarse las bitácoras de Oficialía de Partes, los sistemas de asignación y cada actuación contenida en los expedientes.
Si todo ocurrió conforme a derecho, los registros lo demostrarán. Si no fue así, habrá que determinar qué falló y quién fue responsable.
La investigación tampoco puede detenerse en el embargo, la adjudicación o el desalojo. Hay que seguir la casa. Escrituras, inscripciones y transmisiones posteriores permiten reconstruir quién obtuvo derechos sobre el inmueble, si volvió a cambiar de manos y quién recibió finalmente un beneficio económico.
También hay que volver al dinero. Si existieron intereses, adjudicaciones, compraventas o ganancias, pueden existir registros y obligaciones fiscales. Si aparecieran operaciones simuladas, recursos cuyo origen no pudiera justificarse o movimientos destinados a ocultar su procedencia o destino, correspondería investigar si existen elementos de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No afirmo que exista lavado de dinero. Exijo que, si aparecen indicios suficientes, tampoco esa hipótesis quede fuera.
Pero esta columna tiene también un propósito urgente: alertar a los xalapeños.
Una deuda que usted nunca contrajo, un pagaré cuya firma no reconoce, una demanda inesperada, una notificación por un adeudo desconocido o un intento de embargo sobre su propiedad deben encender inmediatamente las alarmas. No ignore una notificación judicial ni deje vencer los plazos. Busque asesoría jurídica independiente, conserve escrituras, contratos y comprobantes, y revise la situación jurídica de su inmueble ante cualquier señal de irregularidad.
Especial atención merecen nuestros adultos mayores. Las familias debemos acompañarlos ante cualquier documento, supuesto adeudo o procedimiento relacionado con su patrimonio. Nadie debería enfrentar solo un litigio capaz de poner en riesgo la casa construida durante toda una vida.
No se trata de sembrar miedo. Se trata de estar alertas. Si conocemos cómo podría operar el mecanismo denunciado, podemos reconocer sus primeras señales y reaccionar antes de que una deuda desconocida termine convertida en un problema sobre nuestra propiedad.
La Fiscalía tiene las carpetas. El Poder Judicial conserva expedientes, actuaciones y registros. El Registro Público contiene la historia jurídica de los inmuebles. Las piezas existen. Lo que falta es cruzarlas.
Si un documento presuntamente falso consiguió atravesar controles institucionales y terminar afectando el patrimonio de una familia, investigar únicamente a quien pudo haberlo elaborado o presentado sería investigar media historia. La otra mitad está dentro de los expedientes.
Las autoridades tienen frente a ellas al menos diez casos. Ya no basta abrir carpetas y esperar. Hay que cruzarlas, seguir el dinero, revisar la ruta judicial, reconstruir el destino de los inmuebles y determinar quién terminó beneficiándose.
Si solamente existen coincidencias, que la investigación lo demuestre. Pero si existe un mecanismo, hay que desmontarlo completo. Y si aparecen elementos que involucren a particulares, abogados o servidores públicos, debe investigarse a cada uno conforme a su responsabilidad. Sin fabricar culpables, pero sin proteger a nadie.
¿Son casos independientes o piezas de un mismo mecanismo?
Que la Fiscalía lo determine. Que el Poder Judicial revise lo ocurrido dentro de sus propios órganos. Que cada institución explique qué hizo y qué dejó de hacer.
Detrás de esos expedientes hay familias que no pueden esperar indefinidamente. El tiempo también hace daño: consume ahorros, deteriora la salud y convierte la defensa de una casa en una lucha que puede ocupar los últimos años de vida de una persona.
Si hubo una ruta para despojar a familias de su patrimonio, el Estado tiene la obligación de reconstruirla completa, desmontarla y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
No más expedientes eternos. No más familias esperando. No más impunidad.
En Xalapa, la ruta del despojo tiene que terminar en la justicia.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
