Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
Hay ironías que duelen más que la contradicción misma. El 13 de agosto de 2026, Luisa María Alcalde, Consejera jurídica de la Presidencia de México, presentó durante la octava emisión de su programa «Derecho de Réplica» un listado de 54 periodistas, medios y creadores de opinión críticos de la Cuarta Transformación. En la lista aparecieron nombres como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Denise Dresser, Chumel Torres, Carmen Aristegui, así como medios como El Universal, Reforma, Aristegui Noticias, ADN 40 y Azteca Noticias.
El gesto, justificado oficialmente como «la anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México», tiene un nombre más preciso, lista negra. Y lo más grave no es solo el acto en sí, sino de quién proviene, una funcionaria de alto nivel del gobierno que llegó al poder denunciando precisamente estas prácticas.
Durante años, el movimiento que hoy gobierna México —primero como oposición y luego como gobierno federal— denunció las «listas negras» de periodistas, el uso de recursos públicos para financiar campañas de desprestigio y la intimidación a críticos. Era parte del discurso transformador, el nuevo gobierno sería diferente, respetaría la libertad de expresión, no perseguiría a la prensa crítica.
Pero el 13 de agosto, desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde exhibió públicamente nombres de periodistas y medios que cuestionan decisiones del gobierno. La justificación fue que se trataba de una «red de amplificación digital» que impulsa contenidos críticos contra la 4T, incluyendo supuestas cuentas automatizadas . Sin embargo, al mezclar periodistas establecidos, medios reconocidos, políticos de oposición y usuarios anónimos en un mismo listado, se confunde la crítica periodística legítima con campañas de desinformación.
El mensaje es claro, el gobierno federal identifica, señala y expone públicamente a sus críticos en los medios. Y eso, sin importar cómo se le quiera disfrazar, es una práctica autoritaria.
El simple hecho de que una funcionaria de alto nivel del gobierno federal exhiba públicamente nombres de periodistas y medios críticos los coloca bajo una lupa que trasciende el debate legítimo. Como señaló el investigador Raúl Trejo Delarbre, se trata de una «lista persecutoria» que expone a los periodistas al escarnio público y puede tener consecuencias graves.
Las consecuencias no son abstractas, en lo que va de 2026, seis periodistas han sido asesinados en México. En un país donde el periodismo crítico ya es peligroso por sí mismo, el señalamiento público desde el gobierno federal añade una capa adicional de riesgo para los comunicadores.
Aunque el gobierno federal no tiene capacidad técnica para censurar directamente en redes digitales, el señalamiento público de periodistas como parte de una supuesta «red» contra el gobierno puede generar un efecto inhibitorio. Los periodistas incluidos en la lista pueden sentir que su trabajo los pone en riesgo, no solo frente al gobierno, sino frente a seguidores fanáticos que puedan interpretarlo como una señal para hostigar o amenazar.
Los periodistas incluidos en la lista respondieron con indignación. Joaquín López-Dóriga declaró: «Es un honor estar en esta pinche lista» y retó públicamente a Alcalde a explicar los criterios de inclusión. Adela Micha, también incluida, defendió el ejercicio periodístico verificado y plural. Vampipe, un creador de contenido incluido como «troll anónimo», presentó pruebas de cómo influencers pro-4T reciben mensajes coordinados por WhatsApp para atacar al unísono a comunicadores críticos.
Alcalde rechazó que se trate de «listas negras» o de periodistas opositores, argumentando que lo presentado es «la anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México». Sin embargo, esta explicación no convenció al gremio periodístico, que ve en la acción un intento de intimidación.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, ha asegurado que México vive «la mayor libertad de expresión de su historia», una afirmación que contrasta brutalmente con la presentación de listas de periodistas críticos.
La acción de Alcalde evoca prácticas de regímenes anteriores que el movimiento de la 4T denunció cuando estaba en oposición. El uso de recursos públicos para identificar y señalar críticos, la creación de narrativas sobre «enemigos del pueblo» y la intimidación a través de la exposición pública. Esto genera una sensación de que el gobierno actual está replicando las mismas prácticas que antes cuestionaba.
Al presentar a periodistas y medios como parte de una «red» coordinada contra el gobierno, se alimenta la polarización y se socava la posibilidad de un debate público basado en hechos y argumentos. En lugar de responder a las críticas con información y transparencia, el gobierno opta por señalar a los críticos como parte de un ecosistema adversario, lo que cierra espacios de diálogo.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia. Cuando el gobierno federal señala públicamente a periodistas críticos, se afecta la capacidad de la prensa para ejercer su función de vigilancia del poder. Como argumentó Trejo Delarbre, la libertad de expresión actual es producto de la lucha ciudadana y no una concesión oficial, por lo que cualquier intento de inhibir la crítica afecta la deliberación democrática.
Si el gobierno federal puede presentar listas de periodistas críticos sin consecuencias políticas, se establece un precedente que podría escalarse en el futuro. Otros funcionarios podrían replicar la práctica, ampliando las listas o añadiendo más detalles que expongan aún más a los periodistas.
La acción de Alcalde erosiona la confianza en las instituciones democráticas. Cuando el gobierno señala a la prensa como adversaria en lugar de reconocer su función de vigilancia, se debilita el sistema de checks and balances que es esencial para la democracia.
Organizaciones internacionales de libertad de expresión y derechos humanos podrían ver este episodio como una señal de deterioro democrático en México, lo que afectaría la reputación del país en foros internacionales.
La presentación de la lista de 54 periodistas y medios críticos por parte de Luisa María Alcalde tiene implicaciones profundas para la libertad de expresión y la democracia en México. Más allá de la justificación oficial sobre «ecosistemas de amplificación digital», el mensaje que se envía es claro. El gobierno federal identifica, señala y expone públicamente a sus críticos en los medios.
Esto es particularmente grave porque proviene de un gobierno que llegó al poder denunciando prácticas autoritarias y prometiendo una transformación democrática. La ironía es que las mismas prácticas que antes se cuestionaban desde la oposición ahora se ejercen desde el gobierno.
La libertad de expresión no es una concesión del gobierno, es un derecho fundamental que permite a la ciudadanía vigilar el poder. Cuando el gobierno federal señala públicamente a periodistas críticos, no solo los pone en riesgo, afecta la capacidad de toda la sociedad para acceder a información diversa y ejercer un control democrático sobre sus gobernantes.
El episodio de la lista de Alcalde debería ser una señal de alerta para la sociedad mexicana. La democracia no se defiende solo con discursos sobre «la mayor libertad de expresión de la historia», sino con acciones concretas que respeten y protejan el derecho de los periodistas a criticar al poder sin miedo a represalias.
La 4T llegó al poder prometiendo transformar México. Pero cuando replica las prácticas autoritarias que antes denunciaba, la transformación se vuelve un espejo invertido, el mismo autoritarismo, pero con otro nombre. Y eso, más que una transformación, es una traición a las promesas que llevaron a este gobierno al poder.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
