Pepe Cortés
La cultura no necesita convertirse en una obligación presupuestal del Estado para existir y prosperar. Los artistas, conferencistas y promotores tienen derecho a ofrecer sus servicios, cobrar por ellos y construir sus propios públicos. Lo que no tienen es un derecho automático a ser financiados con los impuestos de todos. En Veracruz, los contratos millonarios para conferencias, conciertos y espectáculos contrastan con hospitales que siguen reportando falta de medicamentos, insumos y hasta agua purificada. ¿Por qué el gobierno destina recursos a financiar entretenimiento mientras no logra garantizar servicios básicos que sí forman parte de sus responsabilidades esenciales?
Una investigación periodística documentó tres contratos de la Secretaría de Cultura de Veracruz por 20 millones 329 mil 580 pesos para el Festival del Mar 2026. El mayor, por 17 millones 115 mil 800 pesos, incluyó cinco actos musicales: Manuel Turizo, Nicho Hinojosa, Natalia Jiménez, La Arrolladora Banda El Limón y Las Tres Grandes. Otro, por 2 millones 349 mil 580 pesos, correspondió a dos presentaciones de Javier Camarena. Las conferencias de Diego Ruzzarín y Farid Dieck fueron contratadas conjuntamente por 864 mil 200 pesos. La suma no necesariamente representa el costo total del festival.
El punto central es la intermediación. Los contratos fueron celebrados con promotores y proveedores, no directamente con todos los artistas y conferencistas. El ciudadano conoce cuánto pagó el gobierno, pero no cuánto recibió individualmente cada participante ni qué parte correspondió a representación, producción, logística o comisiones. La intermediación no es ilegal, pero debe justificarse. Los tres contratos fueron adjudicados directamente, lo cual exige revisar los estudios de mercado, los precios y las razones para elegir a cada proveedor.
En 2025 se reportó un contrato de 377 mil pesos por la presentación de Farid Dieck y, en 2026, otro conjunto de 864 mil 200 pesos por las conferencias de Dieck y Ruzzarín. Farid construyó un negocio privado con audiencias millonarias y monetización digital. Ruzzarín, conocido por sus críticas al capitalismo, pega con la izquierda y participa en un mercado de conferencias que funciona bajo las reglas del capitalismo. Ambos tienen derecho a cobrar. Lo que debe explicarse es cuánto cobró el intermediario, qué servicios prestó y por qué el gobierno consideró prioritario pagar esos montos.
También se reportó un contrato distinto por 229 mil 500 pesos netos para una conferencia y presentación de libro de Sabina Berman, realizadas en febrero de 2026. No forma parte de los veinte millones del Festival del Mar, pero amplía la discusión sobre el gasto público destinado a este tipo de eventos.
Todo este gasto ocurre mientras hospitales de Veracruz siguen reportando falta de medicamentos, insumos y hasta agua purificada. No se trata de negar el valor de la cultura, sino de reconocer que el gobierno tiene obligaciones que no puede dejar de cumplir. Un paciente que necesita atención no puede esperar a que termine el espectáculo. Cada peso destinado a entretenimiento es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para atender otra necesidad.
Tampoco basta con reunir a miles de personas para presumir una derrama turística. Si la mayoría de los asistentes son residentes de Coatzacoalcos o municipios cercanos que regresan a sus hogares, el impacto es distinto al de visitantes que pagan hospedaje y permanecen varios días. El gobierno debe demostrar cuántos llegaron de fuera, cuánto gastaron y qué parte de esa actividad fue realmente adicional. Sin esos datos, una multitud no es una evaluación económica: es una fotografía.
La austeridad no consiste en prohibir conciertos, sino en que el gobierno deje de financiar aquello que puede sostenerse mediante la iniciativa privada, el patrocinio y la decisión libre de los consumidores. El poder siempre ha encontrado atractivo el espectáculo porque una explanada llena produce imágenes de entusiasmo. Es más sencillo presumir una multitud que mostrar un hospital abastecido, una carretera rehabilitada o un sistema de agua que funciona. El concierto termina, la conferencia concluye y los problemas permanecen.
La Cuarta Transformación prometió acabar con los privilegios, combatir el despilfarro y poner primero a los pobres. No basta con decir que un espectáculo fue gratuito: lo pagaron los contribuyentes. El gobierno debe publicar los contratos íntegros, facturas, comprobantes de pago, justificaciones de adjudicación y el costo total de los eventos, así como explicar qué servicios prestó cada intermediario y cómo se integraron los precios.
No es necesario afirmar que existe corrupción para exigir cuentas. Un gasto puede ser legal y, aun así, resultar cuestionable por sus prioridades, su costo o su utilidad pública. Si los precios fueron competitivos, que se demuestre. Si hubo beneficios económicos, que se explique cómo se calcularon. La transparencia permite distinguir entre una decisión razonable, un exceso y una eventual irregularidad.
Morena prometió un gobierno distinto. Hoy debe demostrar que sus decisiones son congruentes con ese compromiso. Veracruz necesita hospitales que funcionen, carreteras seguras, escuelas dignas y servicios eficientes. La cultura puede prosperar mediante la libertad, la iniciativa privada y el apoyo voluntario de quienes desean disfrutarla. Lo que no debe convertirse en una obligación es que todos los contribuyentes financien espectáculos mientras permanecen sin atender necesidades esenciales.
El pueblo no necesita que el gobierno le compre aplausos con su propio dinero. Necesita resultados. Cuando faltan medicamentos, insumos y hasta agua purificada en los hospitales, mientras se destinan millones a espectáculos, la transformación deja de ser una promesa de cambio y termina pareciéndose demasiado al viejo circo, maroma y teatro.
@pepecortesmx
Economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrados en Administración Pública y Control y Fiscalización. Consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz; ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
Nota: Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad exclusiva del autor. Los montos citados corresponden a contratos reportados públicamente y no necesariamente al costo total de los eventos ni a los honorarios individuales de los artistas.
