Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
Los programas sociales de la Cuarta Transformación han logrado algo innegable, ampliar la red de protección y llegar hoy a 16.4 millones de hogares, con un gasto en protección social que creció 72% entre 2019 y 2026. Sin embargo, su efectividad en el combate estructural a la pobreza es limitada, hay cobertura, sí, pero resultados mixtos cuando se mira más allá del ingreso inmediato. A esto se suma un efecto político claro -los beneficiarios tienden a aprobar más al presidente y a votar por el partido oficial- y una presión fiscal que, en un contexto de déficit y deuda alta, no puede ignorarse.
La 4T apostó por transferencias directas, pensiones a adultos mayores, becas, apoyos a personas con discapacidad, precios de garantía. Documentos oficiales y análisis recientes atribuyen a este modelo la salida de alrededor de 11 millones de personas de la pobreza entre 2018 y 2025, apoyados también por el aumento del salario mínimo (241%). La pobreza patrimonial habría bajado de 48.8% (2018) a 43.5% (2022).
Pero las evaluaciones del Coneval y análisis independientes señalan improvisación, precariedad en la operación y falta de claridad sobre el problema que cada programa quiere atacar. Al ser principalmente transferencias sin condicionantes ni acompañamiento de empleo y servicios, el efecto es potente en consumo inmediato, pero débil en movilidad social de largo plazo. En otras palabras, se reduce la pobreza de ingresos, pero no necesariamente la vulnerabilidad ni la exclusión de oportunidades.
En el plano político, la expansión de estos programas incide en la voluntad de voto. Estudios y encuestas muestran que los beneficiarios tienen mayor aprobación presidencial y mayor intención de voto por Morena; en algunos casos, la diferencia respecto a no beneficiarios alcanza hasta 15 puntos.
La literatura sobre clientelismo en México identifica prácticas que van desde la invitación a eventos y la entrega de beneficios en asambleas, hasta amenazas de quitar el apoyo si no se vota por un candidato. En contextos de pobreza y rezago, el intercambio de favores o recursos por voto tiende a ser más frecuente. Denuncias recientes alertan que operadores usan los programas para proselitismo, piden “la foto de la boleta” como prueba y movilizan beneficiarios a eventos y casillas, lo que erosiona el voto libre y secreto.
En términos fiscales, el crecimiento del gasto en protección social forma parte del gasto corriente que se financia con ingresos tributarios, petroleros y deuda. El gobierno ha propuesto destinar 25 de cada 100 pesos de gasto a este rubro para 2027, tras un incremento de 72% desde 2019. Al ser gasto corriente, si los ingresos no crecen al mismo ritmo, se amplía el déficit primario.
Un déficit primario mayor obliga al Banco de México a emitir más deuda (o usar saldos de caja), lo que incrementa el stock de deuda pública. En un contexto de tasas altas o de mayor percepción de riesgo, el costo financiero (intereses) sube y consume una porción mayor del presupuesto. Analistas advierten que, en un escenario de economía estancada, déficit alto y deuda duplicada, la prioridad política de asegurar permanencia en el poder mediante transferencias puede postergar ajustes fiscales necesarios, presionando aún más el costo financiero y la calificación crediticia.
Para que los programas sociales dejen de ser solo un paliativo y se conviertan en palanca de movilidad social, se requieren cuatro cambios de rumbo: Evaluación y enfoque en resultados. Definir metas claras por programa (reducción de pobreza multidimensional, inserción laboral, escolaridad, salud) y publicar resultados anuales, como ha recomendado el Coneval; Articulación con empleo y servicios. Combinar transferencias con políticas de formalización, capacitación, guarderías, transporte y servicios locales para convertir el apoyo en movilidad social sostenida y por último Blindaje electoral. Fortalecer reglas de operación, auditorías en tiempo real y sanciones efectivas contra el condicionamiento del voto; garantizar que la entrega de beneficios no se vincule con eventos proselitistas ni con operadores políticos y por último reglas fiscales claras para establecer una trayectoria de gasto en protección social compatible con la meta de déficit y deuda, para evitar que el costo financiero desplace inversión pública productiva.
Los programas de la 4T han sido efectivos para ampliar la red de protección y reducir la pobreza de ingresos en el corto plazo, pero su impacto estructural es limitado si no se evalúan resultados y se articulan con empleo y servicios. Al mismo tiempo, su expansión incide en la voluntad de voto de los beneficiarios y, en contextos de opacidad, facilita prácticas clientelares. Fiscalmente, el crecimiento del gasto en protección social forma parte del gasto corriente que, si no se acompaña de mayores ingresos o recortes en otros rubros, eleva el déficit, la necesidad de financiamiento y, en última instancia, el stock de deuda y su costo financiero.
La pregunta es si el gobierno estará dispuesto a pasar de la cobertura al impacto, del alivio inmediato a la movilidad social sostenida, y del uso político de los programas a un blindaje real del voto. De lo contrario, lo que hoy es red de protección puede convertirse mañana en una carga fiscal que limite las opciones de desarrollo del país.
