La LXVII Legislatura eligió a Eric Domínguez Vázquez titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), para el periodo 2026–2033. La Mesa Directiva, presidida por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, le tomó la protesta de ley.
En la Cuarta Sesión Ordinaria del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la Mesa Directiva puso a consideración del Pleno el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, instancia responsable del proceso iniciado el 14 de agosto con la formulación y aprobación de la convocatoria respectiva, publicada el 17 del mismo mes.
La Comisión recibió, del 17 al 28 de agosto, 28 solicitudes y, del 31 de agosto al 2 de septiembre, revisó y analizó cada una. Los días 8 y 11 de septiembre realizó las entrevistas de manera pública a los 26 aspirantes que se presentaron.
Tras la deliberación, esta instancia legislativa integró el dictamen con la terna de personas candidatas presentada en orden de prelación: Eric Domínguez Vázquez, Adán Escobedo Morales y María de Jesús Mantilla Solana, al considerar que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.
En la sesión, luego de que la Mesa Directiva dio a conocer la terna, se procedió a la votación: Eric Domínguez Vázquez obtuvo 41 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones.
De esta manera, Domínguez Vázquez fue designado y rindió protesta como auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz. La resolución del Congreso surtió efectos legales el mismo día de la designación.
Posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, presidente de la Comisión de Vigilancia, dio cuenta del proceso seguido, que calificó como de “absoluta transparencia, rigor técnico y apego a la legalidad”.
Aseveró que “en esta Legislatura no hay espacios para la improvisación ni para simulaciones que vulneren la certeza jurídica del proceso” y aseguró que el órgano fiscalizador quedará en manos de una persona profesional, con formación ética y compromiso con la rendición de cuentas.
Posteriormente, el legislador Felipe Pineda Barradas aclaró que la Comisión de Vigilancia está integrada por diputadas y diputados pertenecientes a todas las fuerzas políticas, quienes acompañaron el dictamen respectivo. Añadió que respaldar un dictamen no significa sustituir la facultad del Pleno, pues la Comisión no nombra a la persona titular del ORFIS, sino que propone una terna y corresponde al Congreso tomar la decisión final.
La diputada Citlali Medellín Careaga, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó que quien resultara designado debe realizar las revisiones sin importar el partido ni la persona que gobierne; que cada observación tenga fundamento, cada aclaración sea escuchada con seriedad y que los informes públicos puedan leerse y entenderse fuera de las oficinas.
A su vez, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, advirtió que quien asuma la titularidad del organismo tendrá que conducir una institución técnica, garantizar autonomía en sus decisiones y entender que detrás de cada auditoría existe algo mucho más importante que un expediente: el patrimonio público de Veracruz.
La diputada Indira de Jesús Rosales San Román manifestó el voto en contra del Partido Acción Nacional (PAN), al señalar que “necesitamos un órgano de fiscalización que sea objetivo y que sea cien por ciento técnico y que no responda a los intereses de ningún partido político”.
El legislador Héctor Yunes Landa recordó que el ORFIS fue diseñado constitucionalmente como un ente técnico e independiente del Poder Ejecutivo y que su mandato responde exclusivamente al Congreso del Estado. Señaló que cuando el auditor depende política o laboralmente de quien debe fiscalizar, el examen de las cuentas públicas del Estado se reduce, desde su perspectiva, a un simulacro.
Mediante un oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva, y con la finalidad de salvaguardar los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad que rigen el servicio público, la diputada Miriam García Guzmán se excusó formalmente de participar en la deliberación y votación del dictamen, al considerar que en este caso se actualizaba un supuesto de conflicto de interés.
