Elena Córdova
Una Alteña legisla contigo
Hay gastos inevitables: la luz, el agua, las colegiaturas, el mantenimiento del automóvil. Y otros que llegan cuando las familias apenas terminan de pagar los anteriores. En Veracruz, parece que el cambio de placas ya se está convirtiendo en uno de ellos.
El Gobierno contempla nuevos reemplacamientos para 2027 y 2028. Y uno se pregunta: ¿de verdad creen que a las familias les sobra el dinero? La canasta básica está por las nubes, la gasolina cada vez cuesta más y, ante la falta de medicamentos en los hospitales públicos, muchas personas tienen que comprarlos de su propio bolsillo. Como para que ahora también les quieran cobrar otras placas. Y todavía hay que sumar las vueltas a Hacienda, las filas y hasta un día de trabajo perdido.
Lo curioso es que las placas parecen durar menos que los automóviles. Hay vehículos con el mismo dueño, número de serie y datos. Sin embargo, cada cierto tiempo aparece una nueva razón para cambiarles las láminas. ¿De verdad es indispensable o simplemente nos hemos acostumbrado a que el ciudadano siempre termine pagando?
El argumento oficial es la seguridad y la actualización del padrón vehicular. Es importante contar con información confiable. Pero si cambiar las placas ayuda a prevenir delitos, ¿dónde están los resultados? Y si hoy existen herramientas tecnológicas para actualizar registros, ¿por qué no utilizarlas en lugar de imponer otro gasto?
También está el dinero recaudado. En 2022 se reportaron más de 1,647 millones de pesos por distintos conceptos de control vehicular, no exclusivamente por reemplacamiento. Los veracruzanos merecen saber en qué se utilizó. Porque antes de anunciar nuevos cobros, el Gobierno tendría que rendir cuentas de los anteriores.
Y hay una coincidencia que tampoco podemos pasar por alto: uno de los reemplacamientos anunciados sería precisamente en 2027, año electoral en Veracruz. Como dicen en mi pueblo, «la burra no era arisca, la hicieron». Después de tantos cobros, es natural que surjan dudas. Porque una cosa es recaudar para atender las necesidades de los veracruzanos y otra muy distinta que esos recursos pudieran terminar sirviendo a intereses políticos. Ojalá no sea el caso, pero la coincidencia merece una explicación.
Por eso llevé este asunto al Congreso. Presenté un punto de acuerdo para solicitar que el Gobierno dé marcha atrás con los reemplacamientos anunciados para 2027 y 2028. No podemos permitir que se siga afectando el bolsillo de los veracruzanos con cobros cuya necesidad no ha sido suficientemente justificada.
Para eso también estamos en el Congreso. No solamente para enterarnos de las decisiones del Gobierno o cuestionarlas cuando ya se aplicaron, sino para intervenir a tiempo cuando pueden perjudicar a las familias. Tenemos la responsabilidad de revisar, pedir explicaciones y utilizar nuestras facultades para evitar cargas innecesarias a los ciudadanos.
Cuando hablé de este tema en tribuna, lo resumí con una expresión que muchos veracruzanos hicieron suya: ¡Ya apláquense con tanto reemplacamiento!. Y el reclamo es muy claro: no queremos otro cobro que afecte la economía de las familias veracruzanas.
Si el Gobierno necesita actualizar sus registros, que encuentre cómo hacerlo sin volver a meterle la mano al bolsillo de los veracruzanos.
Elena Córdova
Diputada Local
