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Iván Calderón
Perfilando
Lo que ocurrió con los camiones Ulúa no es un conflicto administrativo ni una discusión menor sobre tarifas. Es un choque frontal entre dos lógicas de poder; la del negocio privado acostumbrado al chantaje y la del Estado que decide gobernar.
Y esta vez, el Estado ganó.
Le explico.
La determinación de la gobernadora Rocío Nahle García de retirar la operación del servicio Ulúa a los concesionarios y asumirla directamente desde el Gobierno del Estado envía un mensaje que muchos no quisieron leer a tiempo: en Veracruz, el transporte público no volverá a ser rehén de intereses particulares.
Los concesionarios apostaron a la vieja fórmula: subir tarifas de manera unilateral, suspender el servicio y presionar con el desgaste social. Lo han hecho durante décadas. Pero esta vez se toparon con algo distinto: una gobernadora que no se deja doblar.
Aquí no hubo mesa de regateo, ni concesiones bajo la mesa, ni miedo al conflicto. Hubo una decisión clara: el orden lo pone el Estado. Y cuando el Estado asume su responsabilidad, los chantajes pierden eficacia.
Quien crea que esto es improvisación no entiende la dimensión del movimiento. Lo que hoy se activa en Veracruz ya ocurrió antes en la Ciudad de México.
En su momento, el gobierno capitalino tomó el control de la movilidad, fijó reglas, creó sistemas propios y fue desplazando (sin estridencias, pero con constancia) a un modelo de transporte obsoleto, inseguro y capturado por gremios.
Metrobús, Cablebús, líneas exprés y el Metro no aparecieron por casualidad. Aparecieron porque el viejo sistema de camiones dejó de servir a la gente y pasó a servirse de ella. Unidades en mal estado, operadores sin capacitación, accidentes normalizados y un desprecio sistemático por la vida de los pasajeros.
El llamado “pulpo camionero” intentó resistir. Hubo huelgas, presiones y discursos victimistas. Pero cometieron un error fatal: perdieron a la ciudadanía. Y cuando la gente deja de respaldarte, el poder simplemente se acaba.
Hoy, apenas sobreviven algunas rutas de peseros, cada vez más cercadas por las mismas prácticas que las llevaron a la decadencia.
Esa historia explica el presente.
Porque los chantajes solo funcionan cuando hay gobiernos dispuestos a ceder. En Veracruz, no lo hay.
Por eso es un error subestimar el respaldo social que tendrá esta decisión. Las veracruzanas y los veracruzanos saben perfectamente quién les dio durante años un servicio caro, malo y riesgoso. Y saben también quién hoy está poniendo un alto.
La gobernadora no va a permitir que se siga lucrando con la necesidad cotidiana de la gente: trasladarse para trabajar, estudiar o sostener su vida diaria. Eso no es ideología. Es responsabilidad de gobierno.
Lo que viene es un cambio estructural, transporte público como servicio, no como botín. Unidades dignas, operadores capacitados, tarifas justas y una autoridad que responda, no que se esconda.
Habrá gritos, habrá presión y habrá intentos de deslegitimar la medida. Siempre los hay cuando se tocan intereses enquistados. Pero el mensaje ya quedó claro: en Veracruz manda el gobierno, no los concesionarios.
Porque gobernar, al final, es elegir de qué lado estás.
Esa es la historia que puede suceder en Veracruz.
Porque el pueblo veracruzano, desde hace tiempo, quería que esto sucediera.
Esperemos los buenos resultados, lo cierto es que la Gobernadora una vez más demostró que tiene los pantalones, o la falda muy bien puesta.
@IvanKalderon
