Carlos Miguel Acosta Bravo
Impronta
La creación del nuevo Servicio Universal de Salud (SUS) en México representa, sin duda, uno de los intentos más ambiciosos de reforma del sistema sanitario en décadas. Su objetivo es claro y socialmente atractivo, garantizar el acceso a servicios médicos a toda la población, especialmente a quienes históricamente han quedado fuera de la seguridad social. Sin embargo, detrás de esta promesa de universalidad se esconden preguntas fundamentales sobre su viabilidad financiera, su impacto operativo y las tensiones que inevitablemente generará, entre trabajadores y patrones que actualmente cubren elevadas cuotas para su operación.
El primer punto crítico es el financiamiento. A diferencia de reformas estructurales en otros países, el SUS no contempla —al menos por ahora— la creación de nuevos impuestos ni una fuente exclusiva de recursos. En cambio, apuesta por integrar y reorganizar lo ya existente: IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. La lógica es sencilla en el papel, eliminar duplicidades, compartir infraestructura y mejorar la eficiencia del gasto público. Incluso la inversión inicial para su implementación —alrededor de 3,500 millones de pesos— se enfoca más en credencialización y digitalización que en infraestructura, y expansión física del sistema.
Esto revela una realidad incómoda, el SUS no es un nuevo sistema financiado desde cero, sino una reingeniería del actual. Su sostenibilidad dependerá, en gran medida, de la capacidad del Estado para hacer más con lo mismo. Y ahí es donde surgen las dudas.
El segundo elemento clave es la incorporación masiva del sector informal. En un país donde cerca de 50 millones de personas carecen de seguridad social formal, el impacto potencial es enorme. En el mejor de los casos, el SUS podría reducir el gasto de las aportaciones patronales y de trabajadores, garantizar continuidad en tratamientos y corregir la histórica fragmentación entre derechohabientes y población abierta. Es, en esencia, un paso hacia un modelo de salud verdaderamente universal.
Pero toda expansión de derechos conlleva un aumento de demanda. Y aquí aparece el principal talón de Aquiles del proyecto, la capacidad instalada. El sistema de salud mexicano ya enfrenta saturación hospitalaria, escasez de especialistas y problemas recurrentes de abasto de medicamentos. Incorporar millones de nuevos usuarios sin una expansión proporcional de recursos humanos, infraestructura y equipamiento no es solo un desafío técnico, sino una receta para el colapso operativo en el corto plazo.
Las consecuencias son previsibles, tiempos de espera más largos para medicina de tercer nivel, mayor competencia por citas y procedimientos, y una percepción generalizada de deterioro en la calidad del servicio. Este escenario no solo afectaría a los nuevos beneficiarios, sino también —y quizás con mayor intensidad— a quienes ya cotizan en el sistema.
Aquí emerge una dimensión política delicada. Los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE podrían percibir el SUS como una redistribución injusta: “yo pago, otros no, y aún así competimos por los mismos servicios”. Esta percepción, más allá de su validez técnica, tiene un enorme peso político y social. La historia internacional muestra que los procesos de universalización sin expansión suficiente de capacidad suelen generar resistencias, conflictos sindicales y desgaste institucional.
La gran pregunta, entonces, es si el SUS deteriorará la calidad del servicio. La respuesta no es absoluta, pero sí condicionada, todo dependerá de si el gobierno acompaña la integración con inversión sostenida. Sin recursos adicionales, el sistema tenderá a saturarse. Con inversión estratégica, en cambio, podría aprovechar mejor la infraestructura existente, reducir ineficiencias y mejorar gradualmente la cobertura sin sacrificar calidad.
El proyecto tiene fortalezas importantes. La integración de un sistema fragmentado es, en sí misma, una deuda histórica. La digitalización —expediente clínico único, interoperabilidad, simplificación de trámites— puede ser un cambio de fondo. Y la continuidad en la atención, especialmente para enfermedades crónicas, representa un avance significativo en términos de salud pública.
Pero también enfrenta riesgos evidentes, la falta de claridad en el financiamiento de largo plazo, la complejidad administrativa de coordinar instituciones gigantescas y el peso de antecedentes recientes como el INSABI, cuya implementación dejó lecciones importantes —y advertencias claras.
En última instancia, el Servicio Universal de Salud no es una solución mágica, sino un experimento de alto riesgo. Su éxito dependerá de un equilibrio delicado: ampliar el acceso sin colapsar el sistema. Porque la ecuación es simple, aunque implacable, más usuarios con los mismos recursos genera presión; más usuarios con mejor financiamiento y gestión puede generar transformación.
En el corto plazo, es probable que el SUS enfrente tensiones, saturación y críticas. En el mediano plazo, podría estabilizarse si hay inversión real y ajustes operativos. Y en el largo plazo, tiene el potencial de convertirse en una reforma histórica… o en otro intento fallido que repita los errores del pasado.
La diferencia entre uno y otro escenario no estará en el diseño del modelo, sino en la voluntad política de sostenerlo con recursos, disciplina y realismo.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
