Mara I. Cruz Pastrana
En 2018, México celebraba lo que muchos llamaron un momento histórico: la conformación de una “legislatura paritaria”. El discurso era poderoso, esperanzador, incluso simbólico. Se hablaba de igualdad, de representación, de justicia para las mujeres en la vida pública.
La integración de mujeres y hombres en el periodo legislativo federal 2018–2021 (LXIV Legislatura del Congreso de la Unión) marcó un punto de inflexión en México, porque por primera vez se alcanzó una casi paridad real, aunque no fue exactamente 50-50 desde el inicio.
Pero había un problema: la realidad no correspondía al discurso.
No existía un equilibrio real del 50% entre mujeres y hombres en la integración del Congreso. La paridad, en los hechos, era parcial. Limitada. Incompleta.
Frente a esa contradicción, decidí actuar.
Acudí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con un planteamiento claro y firme: la paridad no podía quedarse en la postulación de candidaturas; debía garantizarse en la integración efectiva del poder legislativo. No se trataba de cumplir una formalidad, sino de hacer valer un principio democrático.
La respuesta fue negativa.
La Sala Superior desestimó mi queja bajo una interpretación que hoy, con toda claridad, podemos considerar insuficiente: los partidos políticos estaban obligados a postular en condiciones de paridad, pero el resultado final no podía ser ajustado para alcanzar un equilibrio real. Se privilegió una visión procedimental por encima de una visión sustantiva.
Perdí ese juicio.
Pero no estaba equivocada.
Un año después, en 2019, México dio un paso que transformó el entendimiento de la igualdad política: la reforma constitucional conocida como “paridad en todo”. A partir de ese momento, la paridad dejó de ser un principio limitado a las candidaturas y se convirtió en una obligación transversal en la integración de todos los órganos del Estado.
Lo que en 2018 fue desestimado, hoy es mandato constitucional.
Esto no es un tema personal. Es una lección institucional.
La historia de los derechos está llena de casos en los que la justicia llega tarde. En los que las instituciones no logran, en su momento, interpretar la profundidad de los cambios sociales que están en marcha. Y, sin embargo, esos cambios avanzan, impulsados por la persistencia de quienes se atreven a cuestionar lo establecido.
Mi caso forma parte de ese proceso.
Porque la paridad nunca debió entenderse como una concesión, ni como una meta simbólica. La paridad es, en esencia, un principio de justicia. Implica reconocer que las mujeres no solo tienen derecho a participar, sino a incidir en la toma de decisiones en condiciones reales de igualdad.
Hoy, nadie discute la importancia de la paridad. Está en la Constitución, en las leyes, en el discurso público. Pero eso no significa que el problema esté resuelto.
Persisten formas sutiles -y a veces no tan sutiles- de resistencia:
• Simulación en las postulaciones
• Desplazamiento de mujeres en espacios clave
• Limitaciones en el ejercicio real del poder
La paridad formal, por sí sola, no garantiza la igualdad sustantiva y es ahí donde debemos enfocar la discusión actual.
No basta con contar cuántas mujeres hay en un Congreso o en un gabinete. Hay que analizar qué decisiones están tomando, en qué condiciones lo hacen y qué obstáculos enfrentan. Porque la verdadera transformación no se mide en números, sino en impacto.
Desde esta perspectiva, resulta fundamental no perder de vista el origen de los avances que hoy damos por sentados.
La paridad en todo no surgió de manera espontánea. Fue resultado de años de lucha, de litigios estratégicos, de voces que insistieron incluso cuando las condiciones no eran favorables. De mujeres que, desde distintos espacios, se negaron a aceptar que la igualdad fuera solo un discurso.
Por eso, cuando hablamos de paridad, no hablamos de una moda política. Hablamos de una conquista. Y toda conquista implica responsabilidad.
Hoy, quienes participamos en la vida pública tenemos el deber de ir más allá de la narrativa. De asegurar que la paridad se traduzca en políticas públicas, en decisiones incluyentes, en estructuras que realmente abran espacio a la diversidad de voces. También implica algo más: reconocer que aún hay deudas pendientes.
La igualdad sustantiva no se logra únicamente con reformas legales. Requiere transformar prácticas, romper inercias, cuestionar privilegios. Requiere, sobre todo, voluntad política. En ese sentido, el momento que vive México es clave.
Tenemos un marco jurídico avanzado, uno de los más progresistas en materia de paridad a nivel mundial. Pero el reto ahora es su implementación efectiva. Es evitar que la paridad se convierta en un requisito que se cumple en el papel, pero se diluye en la práctica.
Mi experiencia en 2018 no fue una derrota aislada. Fue parte de un proceso más amplio, de una transición en la forma en que entendemos la democracia y la representación.
Hoy puedo decirlo con claridad: perdí un juicio, pero no la causa. Y esa causa sigue vigente porque la igualdad no es un punto de llegada, es un proceso constante. Un proceso que exige vigilancia, participación y compromiso.
La paridad no debe ser celebrada como un logro definitivo, sino defendida como un principio que requiere consolidarse todos los días.
Si algo nos enseña la historia reciente es que los avances no son irreversibles. Que cada derecho conquistado puede debilitarse si no se protege. Y que la mejor forma de honrar las luchas del pasado es seguir impulsando cambios en el presente.
Por eso, hoy más que nunca, es necesario mantener una postura firme. No conformarnos. Mo retroceder. No permitir simulaciones.
La paridad no es una narrativa política. Es una exigencia democrática. Y como toda exigencia democrática, debe cumplirse sin excepciones.
