Pepe Cortés
Hay generaciones que conocieron las grandes crisis económicas en los libros de historia. La mía las conoció antes de terminar la secundaria.
En 1994 yo cursaba el segundo grado. Recuerdo bien a mi maestro de matemáticas: dedicaba buena parte de la clase a hablar del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuestionaba el recién firmado Tratado de Libre Comercio y organizaba colectas de víveres para Chiapas.
Mientras en aquel salón discutíamos lo que ocurría en el sur del país, México comenzaba a entrar en una de las etapas más complejas de su historia económica reciente.
1994 parecía avanzar demasiado rápido para un solo país. El TLCAN entró en vigor el 1 de enero. Ese mismo día irrumpió el EZLN. Meses después llegaron los asesinatos políticos, la incertidumbre, la salida masiva de capitales y la disminución acelerada de las reservas internacionales.
Y entonces llegó la devaluación.
El peso se desplomó y las tasas de interés se dispararon. Hipotecas que parecían manejables se volvieron impagables. Empresas que habían tardado años en levantarse bajaron la cortina en cuestión de meses. Empleos desaparecieron y patrimonios construidos durante toda una vida perdieron su valor en muy poco tiempo.
Las cifras macroeconómicas se convirtieron en dramas familiares. Porque una crisis económica nunca se queda en los indicadores ni en los mercados financieros: tarde o temprano entra a las casas, se sienta a la mesa, cancela oportunidades y obliga a miles de personas a empezar de nuevo.
No era la primera vez.
Apenas doce años antes, en 1982, México había enfrentado otra gran crisis: endeudamiento excesivo, desequilibrios fiscales, inflación, devaluaciones y la incapacidad de cumplir oportunamente sus compromisos financieros.
Las causas de 1982 y 1994 fueron distintas.
La enseñanza fue la misma.
La confianza tarda años en construirse y apenas unos días en pulverizarse.
Cuando la confianza se quiebra, no solo reaccionan los mercados. Las familias frenan el gasto, los empresarios posponen inversiones, los ahorradores buscan proteger su patrimonio y el futuro comienza a percibirse como una amenaza.
La economía suele explicarse con números, pero en realidad funciona a partir de decisiones humanas. Y ninguna decisión económica importante existe sin confianza.
Invertir exige confiar en que las reglas no cambiarán a capricho. Ahorrar exige confiar en que la moneda conservará razonablemente su valor. Contratar trabajadores, ampliar un negocio o comprar una vivienda exige certidumbre jurídica y estabilidad.
El dinero puede imprimirse.
La confianza no.
Reconstruirla exigió décadas de decisiones difíciles. La autonomía del Banco de México, una política monetaria responsable, la acumulación de reservas internacionales, una mayor disciplina fiscal y la integración comercial con América del Norte no resolvieron todos los problemas del país ni garantizaron por sí solas la prosperidad.
Pero sí levantaron un muro de contención frente a errores que México ya conocía demasiado bien.
Hoy nuestro país no vive las condiciones de 1982 ni las de 1994. Afirmarlo sería históricamente incorrecto y políticamente irresponsable. Sin embargo, las lecciones de aquellos años conservan una vigencia incuestionable.
En 2026, México, Estados Unidos y Canadá enfrentan la revisión del T-MEC. No se trata únicamente de aranceles, reglas de origen o procedimientos comerciales. Está en juego la certidumbre con la que empresas nacionales y extranjeras decidirán invertir, ampliar operaciones, trasladar cadenas de producción y generar empleos durante la próxima década.
Para México, el tratado representa mucho más que exportaciones. Significa acceso al mercado más grande del mundo y una oportunidad extraordinaria para aprovechar la relocalización de inversiones y cadenas de suministro.
Pero ningún acuerdo internacional puede sustituir la tarea interna.
No habrá inversión suficiente si las reglas cambian constantemente, si la política desplaza al criterio técnico, si los contratos pierden fuerza o si la incertidumbre se convierte en la norma.
Los mercados tienen memoria. Nunca empiezan de cero. Recuerdan las expropiaciones, las devaluaciones, los incumplimientos y las reglas modificadas a mitad del partido.
Cada inversión incorpora una pregunta silenciosa:
¿Puedo confiar en que las reglas seguirán siendo las mismas?
Los inversionistas pueden mover su capital en cuestión de horas. La confianza tarda años en regresar. Por eso el capital no solo calcula cuánto puede ganar: también calcula cuánto puede perder.
Pero la memoria económica no debería pertenecer únicamente a los mercados. También debe formar parte de la memoria de los ciudadanos.
Porque detrás de cada crisis no hay solamente estadísticas. Hay familias que perdieron su patrimonio, jóvenes que interrumpieron sus estudios, pequeños comercios que cerraron para siempre y proyectos de vida que quedaron inconclusos.
La memoria económica no consiste en vivir atemorizados por el pasado. Consiste en aprender de él para impedir que los mismos errores vuelvan a repetirse.
México ha demostrado que puede controlar la inflación, estabilizar sus finanzas e integrarse al mundo. Lo que no puede permitirse es olvidar cuánto costó construir esos cimientos.
Las instituciones pueden reformarse. Los modelos económicos deben evolucionar. Las políticas públicas siempre serán perfectibles. Nada es intocable.
Pero cualquier cambio estructural debería responder una pregunta fundamental:
¿Fortalece o debilita la confianza en México?
Las crisis económicas terminan.
Las deudas se pagan.
Las monedas pueden recuperar estabilidad.
Las inversiones pueden regresar.
Lo que tarda mucho más en reconstruirse es la confianza.
Los países pueden recuperarse de una crisis económica. Lo verdaderamente peligroso es que olviden las decisiones que los condujeron a ella y obliguen a una nueva generación a pagar nuevamente la cuenta.
La estabilidad, la confianza y la memoria económica no pertenecen a un gobierno ni a un partido.
Son patrimonio de todos los mexicanos.
Y eso es, precisamente, lo que México no debe volver a perder.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal del PAN en Veracruz, analista político y económico, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
