Pepe Cortés
Hace más de cuarenta años, Ignacio Burgoa Orihuela hizo una pregunta que incomodó al poder: ¿En qué se había gastado el dinero obtenido mediante la deuda pública?
No era una inquietud académica ni una simple curiosidad jurídica. Solicitó a la Secretaría de Hacienda información sobre los empréstitos contratados por el Gobierno Federal, quién los había autorizado, qué dependencias habían recibido esos recursos y qué obras se habían realizado con ellos.
La respuesta fue negativa.
Burgoa promovió un juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el marco jurídico vigente en ese momento no le permitía obtener esa información por la vía elegida. Sin embargo, la propia resolución dejó claro que el Estado tenía la obligación de informar sobre la deuda pública a través de los mecanismos previstos en la ley y mediante la rendición de cuentas institucional.
Aquella sentencia resolvió un litigio.
Pero abrió una discusión que sigue vigente hasta nuestros días.
¿Hasta dónde llega el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se administra el dinero público?
Con el paso de las décadas, México fue construyendo una respuesta. Las reformas constitucionales en materia de transparencia y la creación de instituciones especializadas para garantizar el acceso a la información no surgieron por casualidad. Fueron el resultado de una evolución democrática que reconoció un principio elemental: el acceso a la información no puede depender de la voluntad del gobierno en turno. Debe ser un derecho de todas las personas.
Esa evolución también transformó nuestra manera de entender las finanzas públicas.
Durante mucho tiempo, el debate se concentró en cuánto se recaudaba, cuánto se gastaba o cuánto se debía. Hoy sabemos que existe otra dimensión igualmente importante: explicar cómo se toman las decisiones que comprometen recursos públicos.
Las preguntas evolucionaron junto con nuestra democracia.
En 1983, Ignacio Burgoa quería saber en qué se había gastado el dinero obtenido mediante la deuda pública. Hoy los ciudadanos también preguntamos de dónde provienen los recursos con los que se paga esa deuda, cómo se financian las grandes obras de infraestructura, bajo qué criterios se refinancian los créditos gubernamentales o por qué se modifica un presupuesto.
Cambian las preguntas.
El principio permanece intacto: cuando se administra dinero público, la sociedad tiene derecho a conocer tanto su origen como su destino.
La discusión reciente en Veracruz sobre la liquidación anticipada de la bursatilización municipal demuestra precisamente esa evolución. Hace cuarenta años se exigía conocer el destino de los recursos obtenidos mediante la deuda. Hoy también resulta natural preguntar por el origen de los recursos utilizados para extinguirla. No porque exista una presunción de irregularidad, sino porque así funciona una democracia donde la rendición de cuentas forma parte de la administración pública.
La transparencia no debe entenderse como una concesión política ni como una reacción frente a la crítica. Debe asumirse como uno de los principios de la buena administración hacendaria. Un gobierno que explica con claridad sus decisiones financieras fortalece la confianza pública, mejora la calidad del debate democrático y dignifica el ejercicio del poder.
Ignacio Burgoa no logró obtener la información que buscaba.
Pero ayudó a instalar una pregunta que sigue siendo indispensable para cualquier democracia: ¿Cómo se administra el dinero de todos?
Más de cuatro décadas después, esa pregunta continúa acompañando cada presupuesto, cada deuda, cada obra pública y cada decisión financiera.
Porque los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos.
Y el derecho a saber también.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal del PAN en Veracruz, analista político y económico, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
