Pepe Cortés
Construir instituciones sólidas requiere años. Sustituirlas puede tomar apenas unos meses. Precisamente por eso, toda reforma institucional debería responder una pregunta elemental: ¿El nuevo modelo protege mejor a los ciudadanos que el anterior?
Durante más de dos décadas, México construyó una arquitectura institucional orientada a fortalecer la transparencia, ampliar el acceso a la información, mejorar la fiscalización y hacer más efectiva la rendición de cuentas. Ese proceso produjo avances, pero también acumuló deficiencias. La falta de coordinación entre instituciones, la lentitud de muchos procedimientos y los escasos resultados en materia de sanciones demostraron que el sistema necesitaba corregirse.
Reformarlo era legítimo. Lo que no puede darse por sentado es que toda sustitución represente, por sí misma, un avance.
En los últimos años esa arquitectura fue modificada de manera significativa y hoy se plantea una nueva etapa en la política nacional de combate a la corrupción. Algunas de las propuestas buscan resolver problemas reales y merecen analizarse sin prejuicios. Un sistema que no coordina eficazmente a sus instituciones o que produce pocos resultados necesita mejorar.
Sin embargo, existe una pregunta que ninguna reforma puede eludir: ¿Fortalecerá los controles sobre el poder o terminará concentrándolos?
Ése es el verdadero debate.
La coordinación institucional es necesaria, pero deja de ser una virtud cuando quien debe ser vigilado termina dirigiendo a quienes deben vigilarlo. Del mismo modo, la autonomía no puede convertirse en burocracia, ineficiencia o ausencia de resultados. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre eficacia, independencia y rendición de cuentas.
Robert Klitgaard sostuvo que la corrupción encuentra terreno fértil cuando se combinan una amplia discrecionalidad, la concentración de decisiones y una débil rendición de cuentas. Su planteamiento conserva plena vigencia: cuando los controles disminuyen, los riesgos aumentan.
Por ello, el éxito de una reforma anticorrupción no debe medirse por el número de instituciones que desaparecen, por el ahorro presupuestal que promete generar ni por la fuerza de su discurso. Debe evaluarse con una sola pregunta: ¿El nuevo modelo ofrece mayor transparencia, mejor fiscalización, controles más eficaces y una rendición de cuentas más sólida que el sistema al que pretende sustituir?
Si la respuesta es afirmativa, el cambio habrá valido la pena. Si no lo es, únicamente habremos cambiado la estructura sin resolver el problema de fondo.
En materia institucional, cambiar no constituye un mérito por sí mismo. Las instituciones sólo justifican su existencia cuando limitan el poder, facilitan la vigilancia ciudadana y hacen más difícil ocultar la corrupción. Ése debería ser el criterio con el que evaluemos cualquier reforma anticorrupción.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con estudios de posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal del PAN en Veracruz y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.
