Ángeles González Ceballos
Los homicidios de periodistas relacionados con el diario Notiver, como el de Milo Vela, Yolanda Ordaz, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, ocurridos hace unos 15 años, en el sexenio de Javier Duarte, no fueron analizados por las autoridades ni estatales ni federales en el contexto de macrocriminalidad que la Entidad vivía.
Al presentar el informe “Prohibido investigar”, un trabajo de 79 páginas que analiza las deficiencias en las investigaciones; Ingrid Midori Pérez Guzmán, coordinadora del área jurídica de Propuesta Cívica, y el abogado Carlos Domínguez, explicaron que los casos de violencia contra periodistas en Veracruz no deben analizarse como hechos aislados, sino dentro de un contexto de macrocriminalidad.
Ahí, expusieron que dichos crimenes cometidos contra comunicadores, pudieron haber intervenido redes de poder relacionadas con el crimen organizado, empresas y autoridades.
Explicaron que el Informe surgió a partir del acompañamiento jurídico que Propuesta Cívica realiza en los casos de periodistas vinculados con Notiver.
El Informe revela que en las carpetas de investigación encontraron deficiencias tanto en el ámbito estatal como federal, principalmente porque las autoridades estudiaron los homicidios de manera separada, sin analizar las posibles conexiones entre ellos, cuando en Veracruz estaba desarrollándose un contexto de macrocriminalidad.
Consideraron que esta falta de una investigación integral contribuyó a que los casos permanecieran en la impunidad, ya que hubo elementos que pudieron haberse utilizado desde un principio para realizar investigaciones más profundas y establecer posibles vínculos entre los diferentes hechos.
Propuesta Cívica advirtió que ese patrón no ha desaparecido, incluso actualmente continúan registrándose agresiones contra periodistas, amenazas, desapariciones y homicidios.
Como ejemplo mencionaron el caso reciente de Roxana Guzmán, ocurrido en Nanchital, al considerar que demuestra que los periodistas comunitarios también enfrentan un elevado nivel de vulnerabilidad.
Explicaron que las agresiones ya no se limitan a los medios de comunicación tradicionales, debido a que actualmente existen periodistas que informan mediante páginas de Facebook, plataformas digitales y otros medios comunitarios.
Es así que consideraron que las autoridades no deben minimizar la labor de quienes ejercen el periodismo desde comunidades o regiones alejadas de las grandes ciudades.
“Los periodistas son los que están en el campo, los que están buscando las notas, los que están haciendo la fuente”, afirmaron.
Opinaron que no deben ser criminalizados ni discriminados por el tipo de plataforma mediante la cual realizan su trabajo.
Ingrid Midori Pérez Guzmán y Carlos Domínguez, expusieron que algunos de los patrones identificados en los casos de Notiver continúan presentes actualmente.
Y es que anteriormente las autoridades llegaron incluso a criminalizar a periodistas asesinados, al manejar como línea de investigación la posibilidad de que estuvieran vinculados con grupos delictivos.
Esa práctica representa un problema, debido a que desvía las investigaciones y coloca la responsabilidad sobre las propias víctimas en lugar de analizar de manera seria quiénes pudieron haber ordenado los ataques y cuáles fueron las causas relacionadas con su actividad periodística.
Por lo tanto, para Propuesta Cívica, las instituciones encargadas de investigar estos delitos deben utilizar las herramientas de inteligencia con las que actualmente cuentan para identificar no solamente a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales y las estructuras que permiten que estos crímenes continúen.
“La misma película con distintos actores”, dijeron y consideraron que una de las principales áreas de oportunidad está en la investigación de las amenazas contra periodistas.
Y es que desde su punto de vista, las amenazas deben ser consideradas como una posible antesala de agresiones más graves y que existen diligencias específicas que pueden realizarse para detectar riesgos y prevenir homicidios.
Por ello, manifestaron su disposición para establecer comunicación con las autoridades estatales y compartir los conocimientos y hallazgos obtenidos a partir de esta investigación, para que las autoridades no solamente actúen cuando ya ocurrió un homicidio.
“Las autoridades están actuando como bomberos: ya inició el incendio, en vez de prevenirlo”, externaron.
Los representantes de Propuesta Cívica comentaron también que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) está rebasada ante el contexto de violencia y graves violaciones a los derechos humanos que se registran en Veracruz.
Por lo que el organismo autónomo requiere un replanteamiento y una renovación que le permita cumplir de manera efectiva con la misión para la cual fue creado, particularmente en materia de atención a víctimas.
Sobre el registro oficial de periodistas agredidos, dijeron que actualmente las cifras disponibles provienen principalmente de organizaciones de la sociedad civil.
Al respecto, aceptaron que la elaboración de un censo de periodistas es un reto, principalmente por la dificultad de establecer quién debe ser considerado periodista en un contexto donde cada vez existen más formas de comunicación.
Y si éste se mal diseñada, podría convertirse incluso en un factor de riesgo para los propios comunicadores, por lo que cualquier mecanismo de este tipo tendría que garantizar la protección de los datos y evitar discriminaciones.
Refirieron que en Veracruz se han documentado 19 homicidios de periodistas desde 2002, además de casos de desaparición y numerosas agresiones, amenazas y robos.
Aunque lamentablemente no es posible establecer una cifra definitiva sobre los casos que han logrado judicializarse, ya que hay investigaciones en diferentes etapas, tanto en el ámbito estatal como federal.
Además, insistieron en que llegar únicamente a los autores materiales no representa una investigación completa, pues es necesario identificar a quienes ordenaron o facilitaron los ataques
