Pepe Cortés
Hay expresiones que terminan definiendo a un gobierno. El de Enrique Peña Nieto quedó marcado por dos palabras: “verdad histórica”. El 27 de enero de 2015, cuatro meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el procurador Jesús Murillo Karam presentó las conclusiones de la investigación federal. Según aquella reconstrucción, los jóvenes habían sido entregados a integrantes de Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Al concluir, Murillo Karam afirmó que esa era “la verdad histórica de los hechos”.
El problema estaba contenido en la propia expresión. Una procuraduría tiene la obligación de investigar, reunir pruebas y llevar ante los tribunales a quienes considere responsables. También debe explicar sus conclusiones. Algo distinto ocurre cuando desde el poder se presenta una investigación como verdad definitiva mientras todavía existen preguntas sin responder y familias que siguen buscando a sus hijos.
Ayotzinapa demostraría los riesgos de hacerlo. Las familias rechazaron que el expediente pudiera darse por concluido y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes cuestionó aspectos fundamentales de la investigación. Con los años se documentaron tortura, irregularidades procesales, manipulación y ocultamiento de información. Hasta ahora únicamente han sido identificados restos de tres de los 43 estudiantes: Alexander Mora Venancio, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. Los restos que permitieron identificar a Christian y Jhosivani aparecieron en un sitio distinto del basurero de Cocula: la barranca de La Carnicería. Ese hallazgo contradijo un elemento central de la reconstrucción oficial que se había presentado como cerrada.
Pero aquella versión pudo ser cuestionada porque la sociedad conoció algo más que lo que decía el gobierno. Los medios investigaron contradicciones, dieron voz a las familias que rechazaban las conclusiones oficiales y difundieron los cuestionamientos de expertos independientes. Si se hubieran limitado a reproducir los comunicados de la autoridad, millones de mexicanos habrían conocido solamente la llamada “verdad histórica”.
Ahí está una de las grandes lecciones de Ayotzinapa. Una sociedad libre necesita medios capaces de informar lo que dice el gobierno, pero también de investigarlo y confrontarlo. Las audiencias pudieron conocer otras versiones y formarse su propio criterio porque hubo periodistas que entendieron que su responsabilidad no terminaba al transmitir la información oficial.
Andrés Manuel López Obrador comprendió el enorme costo político que Ayotzinapa había representado para el gobierno de Peña Nieto. Prometió esclarecer el caso y creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. En agosto de 2022, su gobierno concluyó que lo ocurrido había sido un crimen de Estado. En septiembre de 2023, Alejandro Encinas sostuvo que la “verdad histórica” había sido construida desde el gobierno federal para imponer una versión oficial y cerrar el caso.
Aquella acusación planteaba una pregunta inevitable. ¿Qué garantiza que otro gobierno no pueda caer en la misma tentación? Cambiar de partido en el poder no convierte automáticamente una nueva versión en verdad. El propio sexenio de López Obrador terminó enfrentando cuestionamientos sobre información necesaria para continuar las investigaciones y concluyó sin responder la pregunta esencial: ¿Dónde están los estudiantes?
La llegada de Claudia Sheinbaum tampoco cerró el expediente. El pasado 6 de agosto fue detenido Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero cuando desaparecieron los normalistas. La Fiscalía General de la República lo acusa de obstrucción de la justicia y desaparición forzada por su presunta participación en la destrucción de evidencia. Las acusaciones deberán probarse ante los tribunales, pero su detención muestra algo fundamental: casi doce años después siguen abiertas líneas de investigación sobre un caso que alguna vez se pretendió presentar como esclarecido.
Y aquí Ayotzinapa deja de ser solamente una historia del pasado. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones consulta, hasta el 21 de agosto, nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. El proyecto contempla el derecho a recibir información veraz y a distinguir entre información y opinión. Son objetivos legítimos. La pregunta es hasta dónde puede intervenir una autoridad pública en la regulación de conceptos como la veracidad informativa sin afectar la libertad de los medios para investigar y cuestionar al poder.
Ayotzinapa ofrece una respuesta incómoda. Si los medios hubieran entendido que informar correctamente significaba limitarse a transmitir la versión de la autoridad, millones de mexicanos habrían recibido como verdad una explicación que el propio Estado mexicano terminó cuestionando. Las familias, los expertos independientes y el periodismo mantuvieron abierta una investigación que desde el poder se había pretendido cerrar.
Ese es el punto que no debemos perder en la discusión sobre los derechos de las audiencias. El Estado puede protegerlas y establecer mecanismos para atender abusos. Lo que no debe hacer es convertirse en árbitro de los criterios editoriales con los que un medio investiga o confronta una versión oficial. El derecho de una audiencia no consiste solamente en recibir información, sino también en conocer las voces que cuestionan la información proporcionada por el poder.
Ningún partido posee la verdad y ninguna administración conserva permanentemente el poder. Una facultad que hoy parece aceptable porque la ejerce un gobierno en el que alguien confía mañana puede quedar en manos de otro al que teme. Los límites institucionales existen precisamente para impedir que la confianza en un gobernante termine convirtiéndose en poder para quien venga después.
Casi doce años después, México todavía no sabe completamente qué ocurrió con los 43 estudiantes. Esa sola frase debería bastar para medir la distancia entre la justicia y la versión oficial de cualquier gobierno. Mientras existan preguntas sin respuesta, la palabra “verdad” no puede ser un punto de llegada, sino apenas una hipótesis de trabajo.
Porque cuando el poder intenta imponer “la verdad histórica”, deja de rendir cuentas y empieza a exigir fe.
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
