Pepe Cortés
El Ingenio San Pedro no cerró el 5 de agosto. Ese día se confirmó que la factoría de Lerdo de Tejada dejaba de operar por considerarse económicamente inviable. La crisis venía de antes y las señales estaban ahí. Para entender las responsabilidades hay que ordenar los hechos.
La producción nacional de azúcar cayó de 6.185 millones de toneladas en el ciclo 2021/22 a 5.224 millones en 2022/23 y 4.704 millones en 2023/24. México necesitó complementar la oferta y las importaciones alcanzaron 721 mil 524 toneladas. Después cambió el escenario: la producción comenzó a recuperarse y los inventarios llegaron a 1.418 millones de toneladas. Importar ante una escasez podía justificarse. La pregunta es si la política comercial reaccionó oportunamente cuando las condiciones cambiaron.
Esa responsabilidad federal tiene nombre: Secretaría de Economía. El Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) genera balances con información sobre producción, consumo, importaciones, exportaciones e inventarios. Además, dentro de esta estructura existe un Grupo de Trabajo de Política Comercial. Información para observar el mercado había.
Pero hay una pieza todavía más importante. Desde 2005 existe la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. La agroindustria tiene una estructura institucional propia y la Ley dispone que en cada ingenio funcione un Comité de Producción y Calidad Cañera, integrado por representantes del industrial y de las organizaciones locales de abastecedores.
Ese Comité interviene en asuntos relacionados con siembra, cosecha, molienda, recepción e industrialización de la caña. Por eso la pregunta ya no es solamente qué sabía Grupo Porres. ¿Dónde están las actas del Comité de Producción y Calidad Cañera de San Pedro? ¿Cuándo comenzaron a documentarse los problemas? ¿Qué informó el representante del ingenio? ¿Qué conocieron los abastecedores? ¿Qué información llegó a CONADESUCA?
Si había una ley, un comité dentro del ingenio, información periódica y dependencias encargadas de actuar, entonces San Pedro no debería haber tomado por sorpresa a nadie.
Para finales de mayo la alarma ya era pública. Se advertía sobre un posible cierre de San Pedro y se señalaban problemas relacionados con azúcar que entraba al país, jarabe de alta fructosa y costos de operación. Esos señalamientos no prueban por sí mismos las causas del cierre, pero demuestran que el riesgo estaba públicamente planteado más de dos meses antes del 5 de agosto.
Un mes después, el 26 de junio de 2026, el Gobierno de Veracruz publicó el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. SEDARPA tiene facultades para coordinar la política agrícola, impulsar mecanismos de financiamiento y gestión de riesgos, promover comercialización y fomentar industrias relacionadas con la producción agropecuaria en coordinación con SEDECOP.
SEDARPA no podía obligar a Grupo Porres a mantener abierto San Pedro ni rescatar unilateralmente una empresa privada. Pero entre rescatarla y quedarse mirando existe una enorme distancia. Podía diagnosticar, coordinar, vincular actores y buscar alternativas para los productores.
SEDECOP debe explicar qué hizo para preservar actividad económica, promover inversión o construir alternativas. La Secretaría del Trabajo debe informar cuándo conoció el riesgo laboral y qué acciones realizó con la empresa, trabajadores y sus organizaciones.
Y esa información debía subir. El Reglamento establece que la persona titular de SEDARPA debe someter al acuerdo de la titular del Poder Ejecutivo los asuntos encomendados a la Secretaría y mantenerla informada. ¿Cuándo fue informada la gobernadora Rocío Nahle? ¿Qué diagnóstico recibió? ¿Qué instrucciones dio?
San Pedro deja además una llamada de atención hacia dentro del Gobierno. En dependencias como SEDECOP parece haber funcionarios más preocupados por acomodarse rumbo a 2027 y 2029 que por resolver los problemas de 2026. Secretarios, subsecretarios, directores y cualquier otro servidor público fueron nombrados para trabajar, no para convertir la administración en antesala de una candidatura.
Quien quiera competir mañana primero debería demostrar que puede cumplir hoy. Mientras algunos calculan dónde estarán políticamente en 2027 o 2029, productores y trabajadores necesitan respuestas ahora. La Gobernadora debería dejarlo claro a todo su gabinete: primero gobiernen.
Grupo Porres tampoco puede limitarse a invocar su condición de empresa privada. La Ley de la Caña coloca a los industriales dentro de una estructura formal de información y coordinación con los abastecedores. Eso no obliga a publicar toda su contabilidad, pero sí permite exigir transparencia sobre la documentación generada dentro del Comité y conocer qué información circuló antes del cierre.
El Congreso de Veracruz debe llamar a comparecer a SEDARPA, SEDECOP y Trabajo, con documentos sobre la mesa. Las preguntas son concretas: ¿Cuándo supieron que San Pedro estaba en riesgo? ¿A quién se lo comunicaron? ¿Qué hicieron después? Y debe conocerse también qué información llegó al despacho de la Gobernadora.
El Congreso de la Unión debe revisar la otra parte de la cadena: la actuación de la Secretaría de Economía, las importaciones, la política comercial y el funcionamiento de los mecanismos establecidos por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
El 5 de agosto llegó finalmente el cierre. Para entonces había una ley especial, un comité dentro del ingenio, balances periódicos, advertencias públicas y dependencias federales y estatales con facultades para conocer distintas partes del problema.
No necesitamos fabricar un culpable. Necesitamos reconstruir quién sabía qué, cuándo lo supo, a quién se lo informó y qué hizo.
Porque Veracruz conserva otros ingenios y comunidades enteras que dependen de la caña. Si alguno enfrenta hoy problemas semejantes, las autoridades deberían saberlo antes del próximo comunicado de cierre.
San Pedro ya cerró.
¿Y el siguiente?
@pepecortesmx
Pepe Cortés es economista y abogado por la Universidad Veracruzana, con posgrado en Administración Pública y Control y Fiscalización. Es consejero estatal y miembro de la Comisión Permanente del PAN en Veracruz, y ex director general de Vinculación y Coordinación Hacendaria de la SEFIPLAN.
