En la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, trabajadores del Poder Ejecutivo denuncian que acceder a la prestación anual de lentes se ha convertido en un auténtico viacrucis burocrático, lejos de la intención de facilitarles un apoyo básico para su salud visual.
El primer obstáculo surge desde el proceso inicial: los empleados deben acudir obligatoriamente a las clínicas del Seguro Social para obtener una receta emitida por un optometrista del IMSS. Esto, pese a que cualquier optometrista certificado —de cualquier óptica debidamente establecida— podría expedir dicha graduación de manera válida y profesional.
Sin embargo, la normativa interna impone este paso, que provoca largas filas, tiempos de espera excesivos y evaluaciones que, según trabajadores, se realizan con equipo “rudimentario, antiguo y obsoleto”.
Una vez obtenida la receta, los empleados deben acudir a la óptica que ellos elijan para recibir sus anteojos. En muchas de estas ópticas, como en el caso de la empresa Salud Digna, se cuenta con tecnología de punta para realizar estudios optométricos modernos y precisos. Por ello, al momento de fabricar los lentes, los especialistas suelen realizar una nueva graduación para asegurar un producto de calidad y adecuado a la vista del usuario.
No obstante, aquí surge otro problema: al momento de facturar, la Secretaría de Finanzas exige que la graduación del producto coincida exactamente con la que emitió el Seguro Social. De no ser así, los empleados corren el riesgo de que la institución les niegue el reembolso, obligándolos a cubrir el costo de su propio bolsillo.
Trabajadores señalan que esta práctica se ha endurecido durante la actual administración de la llamada Cuarta Transformación, emanada de Morena, encabezada por la gobernadora y operada en esta área por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Aseguran que, lejos de simplificar los trámites, las autoridades parecen buscar cualquier pretexto para deslindar al gobierno del pago correspondiente a esta prestación.
“¡Caray, qué barbaridad!”, expresan empleados inconformes, quienes exigen un proceso más eficiente, más humano y acorde con las necesidades reales de quienes diariamente sostienen la operación del gobierno estatal.
